Mientras los industriales y agropecuarios, principalmente del oriente boliviano, cuestionan algunos puntos del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, el diputado ‘arcista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, confirmó que la Comisión de Economía y Finanzas de la Cámara de Diputados tratará el PGE este miércoles.
“Estamos viendo convocar la sesión para el día miércoles. El día de mañana (por hoy) tenemos reunión de la bancada nacional y el día miércoles ya lo tendríamos en la comisión”, dijo Flores a los medios de prensa.
El legislador, quien es el presidente de dicha comisión, indicó harán todo lo posible para que se apruebe el PGE 2025 en esa instancia y el presidente de Diputados, Omar Yujra, pueda convocar a sesión para tratarla en el pleno.
También indicó que son solo algunos diputados de la oposición que pretenden “obstaculizar” la aprobación del PGE; asimismo, dijo que los jefes de bancada son los encargados en socializar este tema, añadió.
Por su parte, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, defendió el PGE y manifestó que es “importante” incluir en el proyecto del Presupuesto mecanismos para combatir la especulación y el agio desde diferentes niveles de gobierno, según el reporte de medios estatales.
Silva explicó que el control establecido en el PGE 2025 responde a demandas de los sectores sociales, incluyendo gremialistas, que han exigido controles más estrictos para evitar el encarecimiento de productos.
La anterior semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, también destacó que el PGE impulsará la producción e industrialización, garantizará la subvención a los hidrocarburos, los bonos y renta, y la estabilidad económico y sostenibilidad de las finanzas públicas.
Industriales cuestionan “decomisos”
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó este lunes su “más profunda preocupación y alarma” ante la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado 2025 (PGE), que permite el “confiscación y/o decomiso de productos” a empresas bajo el argumento de que “pretendan encarecer los precios”.
