La Cámara Nacional de Industrias (CNI) manifestó este lunes su “más profunda preocupación y alarma” ante la disposición incluida en el Presupuesto General del Estado 2025 (PGE), que permite el “confiscación y/o decomiso de productos” a empresas bajo el argumento de que “pretendan encarecer los precios”.
En un pronunciamiento oficial, los industriales calificaron la medida como “arbitraria” y solicitaron categóricamente al presidente Luis Arce Catacora que “elimine la citada disposición para evitar un clima de total inseguridad jurídica para la iniciativa privada”.
La CNI argumenta que la disposición adicional séptima del PGE-2025 “se convertirá en un instrumento de carácter discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo”, al facultar a entidades públicas a realizar acciones de “control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos” a empresas formalmente establecidas.
Un riesgo para el sector productivo
El sector industrial advirtió que la norma generará “incertidumbre” entre las empresas y microempresas, lo que podría llevarlas a “dejar de producir para evitar la arbitrariedad de funcionarios públicos”. Según los industriales, esta situación podría derivar en desabastecimiento alimentario, caída de la inversión, aumento del desempleo y reducción en las recaudaciones tributarias.
“La citada disposición adicional constituirá un incentivo al contrabando y las actividades informales, debido a que el control y regulación sólo se aplica a las empresas formales”, enfatizó la CNI.
Un llamado a políticas de desarrollo
En lugar de normativas de carácter represivo, los industriales instaron al Gobierno a “adoptar medidas de política económica que promuevan el desarrollo industrial nacional”. Criticaron que, mientras en otros países sudamericanos se impulsan condiciones favorables para la inversión, “en Bolivia se promueven normas que ahuyentan a las inversiones nacionales y extranjeras”.
El sector enfatizó la necesidad de priorizar políticas de incentivo al crecimiento productivo, evitando así la incertidumbre y los efectos negativos que esta disposición podría traer para la economía y el empleo en Bolivia.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
