En el país, cuatro de cada diez mujeres que están privadas de libertad en las cárceles cayeron por narcotráfico, un indicativo de que estuvieron viviendo en medio de problemas económicos antes de involucrarse en ese delito.

El 21 de agosto pasado, la Defensoría del Pueblo presentó un informe, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que se develan las condiciones en las que viven las mujeres encarceladas, se presentan estadísticas y se insta a asumir políticas para mejorar la situación de estas personas.

El delegado defensorial del Pueblo, Humberto Mayorga, en declaraciones a CORREO DEL SUR, dijo que, según ese informe, cuatro de cada diez mujeres privadas de libertad ingresaron a la cárcel por delitos vinculados a la Ley 1008, que regula el régimen de la coca y sustancias controladas. En la última década, esta relación se mantuvo entre el 31% y el 56%, apuntó.

Asimismo, el estudio evidencia que la mayoría de los delitos que cometieron las mujeres no tiene relación con la violencia. La estadística dice que el 12% de las privadas de libertad cometieron hurtos, el 7% asesinatos y el 5% homicidios. Esta tendencia sugiere que muchas mujeres se ven involucradas en actividades delictivas debido a situaciones de vulnerabilidad económica y social, explicó el Delegado defensorial.

PROBLEMAS 

El informe da cuenta que en ese entonces había 2.100 mujeres privadas de libertad en el país y que el 55% pertenece a grupos de alto riesgo de vulnerabilidad: personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas y madres con hijos pequeños.

En Chuquisaca, hay siete niños menores de seis años viviendo en la cárcel con sus madres, complementó Mayorga.

Otro de los graves problemas es el hacinamiento que afecta más a mujeres que a hombres, pues ellas no pueden realizar trabajos de construcción y mejora de sus ambientes como lo hacen los varones. Esto deriva en condiciones de vida más precarias y de espacio disponible más limitado.