El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea la esterilización de mujeres en situación de calle y advirtió que una iniciativa de esta naturaleza representa un grave retroceso para el Estado boliviano en materia de derechos humanos, al vulnerar derechos fundamentales vinculados con la autonomía, la integridad personal y los derechos sexuales y reproductivos.
“No puede imponerse a las mujeres, de manera obligatoria, un procedimiento de esterilización como plantea este proyecto de ley. Existen experiencias históricas en nuestro país, particularmente en las décadas de 1960 y 1970, en las que se denunciaron prácticas de esterilización forzada contra determinados sectores de la población”, afirmó el Defensor del Pueblo al referirse a la propuesta legislativa presentada por el diputado Néstor Rodríguez.
En ese marco, informó que la Defensoría del Pueblo estableció contacto con el legislador y promovió un espacio de diálogo para socializar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos aplicables a esta temática, con el propósito de contribuir a que el debate legislativo se desarrolle en observancia de los principios constitucionales y de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, evitando iniciativas que impliquen un retroceso en la protección de los derechos humanos.
Callisaya recordó que la esterilización sin consentimiento libre, previo e informado constituye una grave vulneración de los derechos humanos. Señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en los casos I.V. vs. Bolivia y Ramos Durand y otros vs. Perú, estableció que las decisiones sobre el cuerpo, la salud sexual y reproductiva y el proyecto de vida corresponden exclusivamente a cada mujer y deben adoptarse libres de cualquier forma de coerción, discriminación o violencia.
Asimismo, enfatizó que ninguna política pública orientada a atender problemáticas sociales puede sustentarse en restricciones al ejercicio de derechos fundamentales. “Bajo ninguna circunstancia puede obligarse a una mujer a someterse a un procedimiento de esterilización. La respuesta del Estado frente a la pobreza o a la situación de calle no puede ser limitar derechos, sino garantizar protección, inclusión y condiciones para una vida digna”, sostuvo.
Finalmente, el Defensor del Pueblo remarcó que la obligación del Estado es adoptar políticas públicas integrales que atiendan las causas estructurales de la pobreza, fortaleciendo los sistemas de protección social, salud, vivienda, educación y cuidado, con especial atención a niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, reiteró que toda medida estatal debe respetar la dignidad humana, la autonomía personal y los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.
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