Una vez difundidas las cuatro preguntas del referéndum por parte del presidente Luis Arce, se reaviva la polémica sobre el mecanismo que utilizará el Gobierno para convocar a la consulta nacional. El Ejecutivo defiende la convocatoria a través de un decreto supremo, mientras que la oposición considera que es inconstitucional.
Arce remitió este miércoles al Tribunal Supremo Electoral (TSE) las cuatro preguntas del referéndum que se prevé se realice el 1 de diciembre, junto a los comicios judiciales, sobre el carácter de la reelección presidencial, la subvención a los combustibles y la distribución de escaños parlamentarios.
Horas después de presentar las cuatro preguntas, el Presidente defendió la consulta. “Como estamos no vamos a poder seguir adelante, va a ser muy costoso, quizás más costoso que enfrentar el levantamiento gradual, paulatino, sistemático, estratégico y sectorial, como quiera llamársele, de la subvención, para que poco a poco nos vayamos liberando de este lastre que afecta a todo el país”, expresó en un acto por el 72 aniversario de la Federación Sindical de Trabajadores Petroleros de Bolivia, realizado en Santa Cruz.
DECRETO PRESIDENCIAL
Mientras tanto, en La Paz, el ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que la convocatoria para el referéndum saldrá por decreto presidencial y que el trámite debe concluir antes del 31 de agosto para que la consulta se realice el 1 de diciembre, el mismo día de las elecciones judiciales.
“Hablará el TSE a la cabeza de su presidente y luego hablará el TCP. Cuando terminen estas dos instancias de analizar y revisar estas preguntas que hemos formulado, al final del trámite el Gobierno del Presidente Arce emitirá un decreto Supremo que será remitido ante el TSE, concluyendo el trámite que señala la norma legal, la Ley 026”, explicó la autoridad.
El referéndum está proyectado para el 1 de diciembre, y el procedimiento previo requiere que este proceso termine 90 días antes de esa fecha. “El próximo sábado, este procedimiento debe concluir porque la ley nos señala que este trámite previo debe concluir 90 días antes del día en que se va a realizar el referéndum”, destacó el Ministro.
Además, Lima hizo un llamado al TCP para acelerar su revisión. “El TCP tiene 15 días, pero le exhortamos que, una vez que mandemos la pregunta, puedan tomar menos tiempo. Si ellos tomaran los 15 días, estaríamos desfasados y no podríamos realizar el referéndum el 1 de diciembre”, expresó.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Si bien la oposición sostuvo que Arce no puede convocar a este referendo porque se necesita una modificación de la Constitución, Lima aseguró que las preguntas no implican una reforma constitucional.
“La base legal que hemos utilizado se basa en el artículo 18 de la Ley 026 (de Régimen Electoral). No determina reforma constitucional y, de ser el caso que sea necesario un procedimiento de reforma, será posterior al 1 de diciembre”, dijo Lima, consultado sobre la pregunta 1, que explícitamente refiere a una modificación de la Constitución Política del Estado.
VINCULANTE Y OBLIGATORIO
Por otra parte, señaló que el referendo será de carácter vinculante y enfatizó que las preguntas que el presidente Arce envió al organismo electoral no implicarán una modificación a la Constitución del país.
“Le vamos a preguntar al pueblo boliviano sobre estas temáticas. Que de una vez el pueblo boliviano se pronuncie, (los resultados) son vinculantes, (las respuestas) son definitivas”, sentenció Lima.
ESCAÑOS
El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró este miércoles que si antes de que se realice el referendo se aprueba la ley de reasignación de escaños parlamentarios, no será necesario que este tema sea consultado en las urnas, por lo que dependerá de la voluntad política de los diputados y senadores para definirlo en el ámbito legislativo.
