El país realiza su censo poblacional después de un entorpecido proceso, debido a las modificaciones de fechas, protestas sociales y la polémica sobre contenido de algunas preguntas de la encuesta, cuyos resultados servirán para una nueva distribución de recursos y cupos de representación política.
La encuesta estaba programada para el 16 de noviembre de 2022, pero el Gobierno de Luis Arce la aplazó y fue reprogramada para 2024, bajo el argumento de que surgieron "problemas técnicos" y por considerar que era necesaria la "despolitización" de ese evento.
La expectativa se centra en el crecimiento demográfico de ciudades como la oriental Santa Cruz y El Alto, vecina de La Paz en el occidente del país, la identificación indígena de la población y los niveles de cobertura de los servicios básicos.
A continuación se presentan las claves sobre el censo en Bolivia:
El tercer censo del siglo
Los censos que abordaron estrictamente cuestiones de población y vivienda fueron los realizados en 1976, 1992, 2001 y 2012, aunque antes hubo algunas consultas sobre población además de cuestiones económicas y sociales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En este siglo, la población boliviana pasó de 8.274.325 habitantes en 2001 a 10.059.856 en 2012, en ambos casos con la mayoría de la población asentada en el 'eje central' del país conformada por los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.
En el censo de 2012 se estableció que las regiones más pobladas eran La Paz (2.719.344) y Santa Cruz (2.657.762), lo que repercutió en la última actualización de los escaños en la Cámara de Diputados aplicada a los comicios presidenciales de 2014.
Asimismo, la encuesta de 2012 reflejó que un 67,5 % de población boliviana es urbana y un 32,5 % rural.
El aplazamiento y los conflictos en 2022
El aplazamiento del censo en 2022 generó el reclamo de los sectores cívicos de Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, y la más interesada en la nueva distribución de los recursos de coparticipación tributaria y de actualización de escaños parlamentarios.
Los líderes locales cruceños organizaron varios cabildos o asambleas ciudadanas masivas para conminar al Gobierno a dialogar y exigir que la consulta demográfica se hiciera en 2023, lo que derivo en una huelga regional que duró 34 días.
En la huelga hubo bloqueos y enfrentamientos con sectores afines al oficialismo que optaron por aplicar un 'cerco a Santa Cruz', que impidió el traslado de combustible y puso en riesgo la producción industrial.
Finalmente, después de varios intentos de acuerdo sin resultados, el Gobierno fijó el censo para el 23 de marzo de 2024 y Luis Arce promulgo la ley censal.
La promulgación ahondó la división en el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), puesto que el expresidente y líder de ese partido, Evo Morales (2006-2019), consideró esa aprobación como una "traición" del Gobierno, mientras que Arce denunció intentos internos para desestabilizar su Administración.
Una muestra demográfica más amplia
El Gobierno boliviano mencionó que el actual proceso censal difiere con el de 2012 porque se hizo una cartografía "georeferenciada" y que esto reducirá el margen de error de los resultados.
La boleta consta con 59 preguntas, 10 más que la vez anterior, y que "buscan dar pautas para la (aplicación de la) política pública", dijo esta semana el presidente Arce en un encuentro con periodistas.
El censo no consultará aspectos sobre la religión, exigidos por las Iglesias católica y evangélica, ni sobre la categoría de "mestizo" como alternativa a la identificación indígena.
Asimismo, se preguntará sobre la pandemia de la covid-2019 para establecer "el verdadero daño" que causó la enfermedad en el país.
Para la jornada del censo se reclutaron a 845.000 empadronadores voluntarios, un 215 % más que en 2012, además que trabajarán de 545.553 personas encargadas de la organización y de recoger los datos en las visitas a 5,8 millones de viviendas en el país.
El INE dijo que los resultados de la encuesta estarán listos a finales de agosto, con lo que luego se trabajará en una nueva asignación de recursos y representación política.
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