El procurador General del Estado, César Siles, develó que se analiza la posibilidad de presentar una demanda contra Perú por la emisión de un decreto en el que los transportistas bolivianos deberían usar un combustible que cumpla con sus estándares de calidad en territorio peruano.

“Hemos recibido con preocupación información del lado peruano de que han emitido una ley, vigente en este momento, que pone ciertas condiciones, ciertas restricciones al combustible boliviano para transitar en territorio peruano. (…) Estamos haciendo el análisis dentro de esta estrategia que diseñamos, la posibilidad real de presentar como Bolivia una demanda contra Perú por esa norma que ha emitido”, indicó.

La autoridad cuestionó dicha norma emitida en el vecino país.

“¿Esa norma peruana no estará también trasgrediendo el Ordenamiento Jurídico Comunitario que habla de trato igualitario, no discriminación y (de) libre competencia?”, argumentó.

El gobierno peruano aprobó una norma que establece que los vehículos de transporte terrestre internacional que ingresen a su territorio deben cumplir la normativa sobre la calidad de combustibles.

Transportistas bolivianos denunciaron que dicha norma generó un problema porque en la frontera con Perú son obligados a descargar el combustible en caso de no cumplir con sus controles de calidad.

Demanda peruana contra Bolivia

En julio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió una sentencia a favor de Perú, que ordena a Bolivia “el cese de la conducta que ha sido declarada como contraria” por la diferencia en los precios del combustible para vehículos bolivianos y motorizados con placa internacional, como los de Perú.

En Bolivia, los motorizados nacionales pueden adquirir el combustible con un precio subvencionado de Bs 3,72 y Bs 3,74 diésel y gasolina, respectivamente.

En tanto, para vehículos con placa extrajera se estableció que el precio por litro es diferenciado. El precio actual para el diésel y gasolina es de Bs 8,8 y Bs 8,6, respectivamente.

Tras la demanda peruana, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina instruyó adecuar la normativa boliviana al Ordenamiento Jurídico Comunitario. Bolivia tiene hasta el 19 de enero de 2024 para adoptar las medidas necesarias y ajustar su regulación en el sector de hidrocarburos.

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