Los vocales constitucionales están en el ojo de la tormenta. Les cuestionan su prórroga, dispuesta a través de un comunicado del Consejo de la Magistratura. El jueves, la bancada de senadores del MAS presentó un proyecto para abrogar la Ley 1104, que creó 44 vocalías en materia constitucional y un día después, el viernes, el ala “evista” planteó una denuncia penal contra dos vocales por haber frenado la interpelación a ocho ministros.
Los vocales constitucionales de Bolivia cumplieron su mandato de cuatro años en febrero de 2023 y ya llevan seis meses de prórroga. La magistratura no emitió una convocatoria, en cumplimiento de la disposición de un tribunal de garantías del distrito judicial de La Paz, para que dicte una reglamentación clara sobre la reelección de estas autoridades. La Cámara de Diputados, a su vez, remitió una Petición de Informe Escrito para que explique bajo qué norma legal se determinó esa prórroga.
En marzo de este año, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, admitió una demanda de acción de amparo de los vocales en ejercicio que pretendían repostularse y con una medida cautelar frenó el proceso para la renovación de estas autoridades.
PETICIÓN DE INFORME
La Cámara de Diputados remitió una Petición de Informe Escrito al Consejo de la Magistratura dando cuenta que no se dio cumplimiento a la segunda parte de la resolución constitucional a través de la cual expresaba que el Consejo debe presentar un nuevo reglamento sobre la reelección de los vocales antes de emitir una nueva convocatoria.
Asimismo, la Cámara Baja cuestiona al Consejo la normativa utilizada para que los vocales constitucionales de los nueve distritos del país, deban continuar y permanecer en funciones. El 10 de enero, la Sala Plena del Consejo de la Magistratura emitió un comunicado disponiendo la continuidad de los vocales, pese a que cumplieron con su mandato legal.
VOCALES CUESTIONADOS
La resolución de algunos vocales constitucionales sobre temas políticos provocó un duro cuestionamiento de los niveles de Gobierno, después que admitieran acciones que frenaron la realización de las elecciones judiciales, la interpelación a ocho ministros del gabinete del presidente Luis Arce y otras acciones.
