El Grupo Iberoamericano de magistrados (Grupo IBA), manifestó su “profunda preocupación” debido a que el mandato constitucional de seis años de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, “expiró el 31 de diciembre de 2023, sin que haya tenido lugar hasta el presente la celebración de las elecciones judiciales para la conformación de nuevas autoridades”.
El Grupo IBA, uno de los cuatro Grupos Regionales de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), reúne a jueces de 92 países del mundo y tiene como principal objetivo salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales.
Esta organización de jueces, a través de un pronunciamiento público sobre las elecciones judiciales en Bolivia, recuerda que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 8.1 sobre “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
El Grupo IBA manifiesta que la prórroga de mandato por tiempo indefinido, dispuesta por el TCP, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 del 11 de diciembre, “puede dar lugar a la violación del juez natural y generando incertidumbre y poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia”.
Advierte que las reiteradas acciones de amparo, con la finalidad de suspender el proceso de preselección de candidatos, puede considerarse como “un posible intento de instrumentalizar esta acción de defensa y representan una grave amenaza a las elecciones judiciales de diciembre de 2024”.
El Grupo Iberoamericano de la UIM exhortó a las autoridades judiciales de Bolivia a que “no permitan la utilización de los recursos legales como los amparos constitucionales para finalidades aparentemente políticas”.
El comunicado fue firmado por el presidente y el vicepresidente del Grupo IBA-UIM, magistrados Walter Barone y Francisco Silla, respectivamente, en Sao Paulo (Brasil), el 26 de noviembre de este año.
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