El gobierno de Luis Arce, según el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), podía pedir que el magistrado chuquisaqueño Gustavo García sea removido de su cargo, si en el ejercicio de sus funciones se identificaba una “falta grave” prevista en el estatuto del Tribunal.
El artículo 10 de dicho Tratado suscrito entre los países miembros de la CAN prevé que los “magistrados podrán ser removidos a requerimiento del Gobierno de un País Miembro, únicamente cuando en el ejercicio de sus funciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el Estatuto del Tribunal”.
García fue uno de los tres magistrados que votó contra el Estado boliviano en una demanda que interpuso el gobierno de Perú, con relación a la venta diferenciada de combustibles a los transportistas nacionales y extranjeros.
El fallo obliga al Estado boliviano reconducir su política de cobro a los transportistas ecuatorianos, peruanos y colombianos, quienes tendrán que beneficiarse de la subvención de hidrocarburos en el país.
El ministro de Justicia, Iván Lima, criticó que el magistrado García haya votado a favor de dicha sentencia y advirtió que ese hecho no quedará en la “impunidad”. Asimismo, informó que la Cancillería inició un proceso contra el miembro del TJCA.
