Amnistía Internacional (AI), una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos y la libertad, inició en día pasados una cruzada destinada a exigir al presidente Luis Arce garantías por la salud de la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDH), Amparo Carvajal y la devolución de la oficina central de La Paz, tomada el 2 de junio por presuntos activistas de derechos humanos.

A través de portal oficial, la organización propuso un texto y un modelo de carta dirigida al presidente Luis Arce donde el firmante expresa su preocupación por la seguridad de Amparo Carvajal, de quien asegura que “fue obligada a abandonar la oficina el 2 de junio por decenas de personas que, según informó la prensa, estaban ligadas a figuras políticas contrarias a la labor de la APDHB”.

En la misiva, recuerda que Carvajal lleva semanas durmiendo frente a la oficina de la APDHB en temperaturas casi gélidas y aseguran que ella y sus colegas no disponen de cuarto de baño y han tenido repetidas afecciones respiratorias.

Según la propuesta de carta, muchos de los documentos de la APDHB han sido robados o destruidos y se ha paralizado la defensa jurídica que llevan a cabo profesionales de la abogacía de la organización.

Por ese motivo, el firmante exige al presidente Arce garantizar urgentemente la salud, la integridad física y la seguridad de Amparo Carvajal y sus colegas, y les devuelva el acceso a la oficina de la APDHB para garantizar la continuidad de su labor de defensa de los derechos humanos.

Recuerda que Amnistía Internacional “ha documentado que las autoridades someten habitualmente a hostigamiento, estigmatización y amenazas a quienes defienden los derechos humanos en Bolivia.”

Sostienen que no es la primera vez que Amparo Carvajal de 84 años enfrenta al poder político, sino que ya en 2018 fue objeto de acusaciones penales infundadas y durante la gestión 2021 y 2022, figuras relacionadas con el partido político gobernante intentaron revocar la condición de Carvajal y dañar su situación ante el Servicio de Impuestos Nacionales.

Afirman que el cierre de las oficinas centrales causa muchos perjuicios, ya que la APDHB atiende aproximadamente a entre 10 y 15 personas al día que buscan asesoramiento jurídico y asistencia. Por ese impedimento, también dejó de trabajar en varios casos de violaciones graves de derechos humanos.

Menciona que representantes legales de la APDHB presentaron denuncia ante la Fiscalía de La Paz, pero el caso fue desestimado sin abrir ninguna investigación.

También acudieron a la oficina la Defensoría del Pueblo que hizo “poco para devolver a ella o a sus colegas el acceso a sus instalaciones” y tampoco el gobierno ha garantizado el acceso a los servicios médicos y sanitarios a las personas defensoras de los derechos humanos que acampan frente a la oficina.

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