Esta mañana fue presentado el “anteproyecto de ley de Creación del Sistema de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción” que tiene un fin preventivo para detectar oportunamente una mala administración o desvío de los recursos públicos; además, de aprobarse la norma, los servidores públicos estarán más expuestos a controles sobre sus patrimonios.
“Todos los miembros del Consejo de Lucha Contra la Corrupción han identificado la necesidad de crear el sistema de riesgos que cumpla con el propósito fundamental el trabajo del Estado, a través de su Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción, identificando alertas tempranas que vayan a buscar prevenir la corrupción y evitar que se den estos hechos ilícitos”, dijo el ministro de Justicia, Iván Lima, al momento de presentar el anteproyecto en la Casa Grande del Pueblo.
La iniciativa legislativa plantea la creación de cuatro módulos: verificación de declaración jurada de bienes y rentas; seguimiento y control de todos los procesos de contratación; seguimiento y control de la contratación y designación de personal e incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos; análisis de información pública en todos los sistemas que puedan permitirle operar al sistema de gestión de riesgos.
La viceministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, resaltó que el Gobierno usará todos los datos de distintas instituciones públicas para verificar la veracidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
“Esta verificación no solamente está en el concepto de los estándares internacionales, establecidos en las convenciones internacionales, esta información se genera a partir de diferentes registros: registro de derechos reales, registro de propiedad de vehículos, el registro también de nuestros vínculos familiares. Toda esta información va pasar por un sistema interoperable de verificación que nos va permitir establecer asimetrías, establecer operaciones y poder comunicarlas a las máximas autoridades para que puedan tomar acciones colectivas oportunas”, aseguró Ríos.
El presidente del Estado, Luis Arce, sostuvo que la corrupción es un mal que aqueja a todo el mundo y por eso resaltó la importancia de esta nueva norma que tiene un carácter preventivo, principalmente en la administración de recursos públicos en las contrataciones con el sector privado.
“Cuando firmen un contrato con una empresa privada, se va a solicitar a todas las empresas privadas que abran una cuenta donde se van a depositar el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra. Por lo tanto, en esa cuenta se van a poder determinar los gastos que realicen las empresas privadas en la consecución de la obra señalada en el contrato respectivo”, indicó el primer mandatario.
Las empresas podrán aceptar voluntariamente someterse al seguimiento y fiscalización del dinero público, pero también tendrán la posibilidad de acogerse al “secreto bancario”. Sin embargo, quienes eviten ser fiscalizados, no formarán parte de las “listas de integridad” que el Gobierno creará y publicará periódicamente para demostrar transparencia.
El jefe de Estado pidió a la Asamblea Legislativa un tratamiento oportuno y una pronta aprobación de la propuesta de ley.
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