Ante la toma física de la oficina central de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APHDB) por la dirigencia paralela, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) advirtió que es el fin de la estrategia del Gobierno para acallar la voz crítica de esa institución.
“Este intento de toma de la sede de esta emblemática institución de defensa de los Derechos Humanos en Bolivia, es la culminación de una añeja intención del poder gubernamental del MAS para acallar la voz crítica de la APDHB. En la última década se cuentan, por lo menos tres intentos fallidos de toma física, avalados por instancias gubernamentales, y que siguen la misma lógica y procedimientos de similares tomas de organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas, como sucedió en los casos de la toma de la CONAMAQ y del CIDOB”, señala el comunicado.
A las 10:30, aproximadamente, de este viernes, un grupo de masistas allanaron las instalaciones de derechos humanos, ubicado en la avenida 6 de Agosto de la ciudad de La Paz. Las personas ingresaron a los ambientes con el pretexto de hacer una denuncia por estafa, pero luego alegaron ser los verdaderos dueños y desalojaron a los ocupantes.
A la vez, el Cedib afirmó que el grupo liderado por Édgar Salazar no tiene la legalidad para apropiarse de esos ambientes. Además, cuestionó la parcialidad de esa dirigencia con el partido en gobierno, que fue demostrado abiertamente.
“Es un grupo que no tiene ni la legalidad, ni la Idoneidad para arrogarse el derecho de posesión o usufructo del predio tomado; mucho menos tiene las condiciones de Imparcialidad e independencia para reconocer su labor como una genuina defensa de los DDHH, pues es un grupo cuyos líderes han demostrado, abierta y reiteradamente, su afinidad con el gobierno del MAS y la estructura de poder que lo sostiene”, enfatizó.
A la vez, exigen a la Defensoría del Pueblo, en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazů, ratificado por el Estado a través de la Ley 1182, pronunciarse con total claridad e interponer sus oficios para demandar al Gobierno el respeto y la protección a la directiva vigente de la APDHB, que estaba a la cabeza de Amparo Carvajal.
Finalmente, denunciaron este atropello ante la comunidad internacional y de protección de los derechos humanos. Advirtió que en caso de que quede en la impunidad, se generará un escenario de persecución contra los defensores de derechos humanos.
Además, afirmó que estas acciones son parte del grave deterioro de la democracia y la sistemática desinstitucionalización que viven la sociedad y el Estado en Bolivia.
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