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Reportan que en 2023 registran 110 casos violencia política contra alcaldesas y concejalas en Bolivia

La información fue proporcionada por la presidenta de ACOLAPAZ, Maribel Mita, cuando faltan tres días para la conmemoración de los 11 años de vigencia de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

Reportan que en 2023 registran 110 casos violencia política contra alcaldesas y concejalas en Bolivia
Imagen Ilustrativa

Un total de 110 casos de acoso y violencia política contra concejalas y alcaldesas electas fueron atendidos a nivel nacional por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), entre enero y mayo de 2023.

La información fue proporcionada hoy por la presidenta de ACOLAPAZ, Maribel Mita, cuando faltan tres días para la conmemoración de los 11 años de vigencia de la Ley 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.

En un encuentro con la prensa, la concejala Mita se refirió a los obstáculos que actualmente enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus cargos, no obstante de que Bolivia es referente mundial en materia de normativa favorable a la paridad. Uno de los principales obstáculos -según la legisladora- es el acoso y violencia política. “Cuando una mujer tiene poder de decisión en un municipio como autoridad electa, comienza a sufrir acoso. Los hombres dicen ‘hay que bajar a esta mujer del cargo de concejala’. Cuando fiscalizamos al alcalde nos amenazan diciendo ‘chicote hay que darle’”, agregó.      

Otra forma de presión contra las legisladoras se da cuando éstas son obligadas a asumir padrinazgos para que regalen cocinas, materiales y obsequios, y cuando se resisten a ello los sectores solicitantes exigen la renuncia de la autoridad, dijo la presidenta de ACOLAPAZ. “Hay mucho machismo, si no les das regalos o cerveza, dicen que esa concejala debe irse”.

Cabe recordar que el 28 de mayo de 2012 fue promulgada la Ley 243, dos meses después del asesinato por móviles políticos de Juana Quispe, concejala de Ancoraimes. Desde entonces, Bolivia se convirtió en el primer país de América Latina en contar con una ley específica contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, sin embargo, a 11 años de vigencia de dicha ley, persiste la impunidad. 

Según datos del Tribunal Supremo Electoral, desde 2016 hasta 2022 esta instancia registró 223 denuncias por acoso y violencia política hacia autoridades mujeres electas y 370 renuncias por diferentes motivos.

En criterio de la presidenta de ACOLAPAZ, la promulgación de la Ley 243 fue un importante avance para Bolivia, pero existen debilidades en la aplicación de la norma. “La Ley 243 tiene obstáculos en las vías penal, donde hay retardación de justicia; los funcionarios de justicia no conocen esa normativa, y también hay problemas en el ámbito administrativo, constitucional y electoral que hay que corregir”, sostuvo la autoridad. 

Mita lamentó que alcaldesas y concejalas sean obligadas a renunciar a la titularidad de sus cargos a mitad de gestión, pese a que son elegidas por cinco años. “Esta situación se debe a la ‘gestión compartida’, una práctica que vulnera los derechos de las mujeres”, afirmó.

En los 11 años de vigencia de la Ley 243, en Bolivia se conocen solo dos sentencias por acoso político hacia mujeres. El primer caso fue contra Rafael Quispe, denunciado por la excandidata a gobernadora de La Paz Felipa Huanca; y el segundo, contra Arturo Vegamonte, denunciado por la exasambleísta departamental por Cochabamba, María Patzi. 

Con el objetivo de visibilizarlos avances, obstáculos y desafíos en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, a la luz de la Ley 243, la Coordinadora de la Mujer, Casa de la Mujer, Centro Juana Azurduy, Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina de Tarija y Alianza por la Solidaridad / Action Aid, en alianza con Enraíza Tus Derechos y el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), impulsan una campaña de comunicación a nivel nacional. Dicha campaña cuenta con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y Generalitat Valenciana.  

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