Los juristas Evelyn Cossío y Jorge Valda denunciaron que el Ministerio Público tras casi siete meses transcurridos desde la denuncia de tortura sufrida por el dirigente cocalero César Apaza, esa entidad no llevó a cabo ninguna acción para investigar este delito de lesa humanidad, por lo que tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la ausencia de independencia judicial y seguridad jurídica en el país. 

Por el contrario, la fiscalía abrió una investigación contra el dirigente cocalero por supuestamente haber causado lesiones graves a una policía que el día de la aprehensión -tipo secuestro- de Apaza habría sufrido lesiones graves. Los juristas lamentan el silencio cómplice de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que hacen el seguimiento necesario para velar por la salud del dirigente que se encuentra preso, sin capacidad de movilización por una embolia, en el penal de Chonchocoro.

“Pese a que se ha hecho la denuncia y se ha solicitado que se evacúe la lista de policías que participaron de la aprehensión violenta de Apaza, el Ministerio Público jamás ha querido investigar, solamente investiga lo que le conviene”, dijo a ANF la abogada Cossío.

La madrugada del 22 de septiembre de 2022 Apaza fue interceptado por un vehículo sin placa en el que se transportaban persona de civil. El dirigente cocalero fue sometido violentamente con gas lacrimógeno, golpes contundentes en todo el cuerpo, para ser introducido al motorizado. Fue llevado a la sede de la policía anticrimen de La Paz donde fue sometido a tortura dirigida por el coronel Rojas para que el cocalero firme la orden de aprehensión, pues hasta ese momento la policía hizo un operativo al margen de la ley.

“Supuestamente ese día, pese a estar César Apaza maniatado tanto de manos y de pies y cubierto totalmente el rostro con su propia chompa, le habría generado una lesión a la policía Soledad Limachi, y el médico forense le extiende un certificado con cuatro días de incapacidad. Eso ha sido suficiente para que el Ministerio Público inicie la investigación en contra de César Apaza con una imputación formal”, señaló la jurista.

Mientras que a Apaza, cuando le hicieron la valoración médico forense, pese a que era de conocimiento Público que se le ocasionó una fractura en la mano derecha en la FELCC de La Paz, pese a que se encontraba totalmente ensangrentado en celdas frías de la FELCC de El Alto, pese a que presentaba contusiones en el lado derecho a la altura de la cadera, el médico forense del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) le otorga un certificado médico con cero días de incapacidad.

“No hay seguridad jurídica en nuestro país, donde simple y llanamente los fiscales rehúyen investigar hechos que no les conviene que se esclarezcan y solamente investigan lo que el gobierno le ordena; bajo esta situación es que nosotros, pese a que hemos presentado la denuncia por tortura, pero como a ellos no les ha dado el mayor interés de investigar es que hemos tenido que recurrir a instancias internacionales”, apuntó.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.