La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que inició ayer una visita de cinco días a Bolivia, afirmó que su misión “in loco” hará “énfasis” en la institucionalidad democrática y los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales, entre otros. Además, aseguró que escuchará a “todas las voces”.
La visita tiene el objetivo de realizar la “observación in situ de la situación de los derechos humanos en Bolivia, con un énfasis especial en la institucionalidad democrática; los desafíos de acceso a la justicia y a las garantías judiciales; acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; discriminación en situación histórica de vulnerabilidad”, detalló Joel Hernández, relator de la CIDH para Bolivia.
“El propósito es escuchar a todas la voces, reunirnos con autoridades de Gobierno y estatales, organizaciones de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos, gremios, personas privadas de libertad: en general, con la población en el sentido amplio”, agregó.
La misión visitará La Paz, Sucre, Cochabamba y Santa Cruz y no se pronunciará sino hasta el viernes, cuando tiene previsto concluir su visita y emitir un informe preliminar, en una conferencia de prensa.
REUNIONES
La primera reunión de la misión de la CIDH fue con el vicepresidente David Choquehuanca; el ministro de Justicia, Iván Lima, y el embajador de Bolivia en la Organización de los Estados Americanos (OEA), Héctor Arce.
Poco después, la misión visitó al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya y, luego, a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada. También estuvo en el Centro de Orientación Femenina Obrajes de La Paz y, además, sostuvo otras reuniones con diversas organizaciones de la sociedad civil.
Las autoridades del Estado antes señaladas no hicieron comentarios sobres sus reuniones con la CIDH, pero sí el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que informó que, en su reunión con la misión, detalló los eventos violentos que se registraron en los últimos meses y años.
“Describimos de la manera más objetiva posible los actos vandálicos y violentos que se suscitaron en diversas “protestas” en el país con el objetivo de desestabilizar la gestión del presidente, por ejemplo: el bloqueo forzoso e infructuoso de 36 días”, escribió en sus redes sociales.
Más tarde, la misión de la CIDH también recibió al expresidente y líder de la opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que dijo que entregó una lista con “252 personas que han sido detenidas o son perseguidos políticos”, con documentos de respaldo.
“En ese sentido, hemos mencionado dos cosas: la primera, la iniciativa de los juristas independientes, que apoyamos y que está en pleno proceso (...), y la segunda, lo que está pasando en el Congreso, una aprobación absolutamente repetitiva del desastre de 2017, del reglamento de preselección (de candidatos para las elecciones judiciales)”, señaló Mesa.
