El ministro de Minería y Metalurgia, Ramiro Villavicencio, renunció a su cargo en medio de fuertes presiones para viabilizar la aprobación del proyecto de Ley del Oro de Producción Nacional destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales Netas (RIN). Desde esa cartera de Estado, indicaron que la dimisión fue solicitada por el presidente Luis Arce a petición de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin).

Fuentes que pidieron la reserva de su nombre informaron a El Deber que, “a pedido de Luis Arce”, Villavicencio renunció el viernes pasado y que también lo hicieron el viceministro de Política Minera, Regulación y Fiscalización, Winston Medrano; y la directora general de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Lourdes Tarqui.

Consultado por este medio sobre su renuncia, Villavicencio se limitó a responder: “El presidente (Arce) es el que revisa ese tema”.

La autoridad se comprometió a ampliar la información posteriormente, pero no volvió a atender su teléfono celular.

Acuerdos

Las mismas fuentes informaron que las causas de la renuncia son múltiples, entre ellas la falta de atención oportuna a temas como la aprobación del proyecto de Ley del Oro; la prolongada deuda que tiene con otras empresas estatales Vinto, fundidora en la que Villavicencio fue gerente general por más de 10 años (gobierno de Evo Morales); y el retraso de más de una década en la instalación de las plantas de refinación de zinc en Oruro y Potosí.

El candidato a ocupar el cargo de Ministro de Minería y Metalurgia es Marcelino Quispe, ex gerente de Huanuni y actual presidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que tendría el apoyo de la minería asalariada, pero no el respaldo de Fencomin. Con ese objetivo, Quispe se habría reunido este fin de semana con cooperativistas auríferos.

En respuesta a la pregunta de EL DEBER sobre su cambio de cargo, Quispe afirmó: “No existe ninguna situación en ese aspecto, yo soy presidente de Comibol y estoy fungiendo en esas funciones”.

La renuncia de Villavicencio se conoce en un momento en el que se mantienen pugnas internas en el sector cooperativo y en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) por la aprobación del proyecto de Ley del Oro.

El mismo día de la dimisión, el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, informó que el Gobierno había obtenido el apoyo de Fencomin para viabilizar esa norma, que desde 2021 está en tratamiento en el Legislativo.

Horas antes, se habían reunido con ese objetivo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro; Morales; el director del Banco Central de Bolivia (BCB), Óscar Ferrufino; el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, Omar Yujra; el presidente de Fencomin, Santiago Cruz; y representantes ejecutivos departamentales y regionales de las cooperativas mineras, detalló el Ministerio de Economía.

“Se acuerda el apoyo y respaldo a la aprobación y sanción del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la brevedad posible, por su importancia para el pueblo boliviano. Asimismo, se acuerda que el Banco Central de Bolivia, al momento de reglamentar el proyecto de ley, convocará a Fencomin y a los presidentes de las federaciones departamentales y regionales”, establece el acta suscrita entre las partes, leída por el titular del BCB, Edwin Rojas. 

Morales explicó que se tomaron en cuenta todas las observaciones y sugerencias de Fencomin para viabilizar la propuesta legal.

Este medio llamó a Cruz para conocer los acuerdos alcanzados en ese encuentro, pero el dirigente dijo que estaba en una reunión y que devolvería la llamada. Hasta el cierre de esta edición, no lo hizo ni atendió otras llamadas.

Ramiro Paredes, asesor del sector cooperativo, sostuvo que “con quienes tienen que llegar a un acuerdo las autoridades de Gobierno es con los productores (...). Instancias que no están abocadas a la producción del oro no pueden atribuirse ni tomar decisiones al margen de los productores”; dijo.

“Cualquier normativa que acuerden con otro sector que no es productor de oro, directamente no va a funcionar”, sostuvo el asesor, quien precisó que las tres principales cooperativas auríferas del país (Ferreco, Fecoman y Ferrecomin Integración) concentran el 85% de la producción nacional de oro.

Gestiones

El 26 de octubre de 2022, el Gobierno informó que se había llegado a un acuerdo con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas, (Ferreco), para fijar un impuesto único del 4,8% al valor bruto de venta del oro, en el marco de las negociaciones para dar curso al proyecto de Ley del Oro.

Esta norma “va a ser presentada y priorizada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo trabajo técnico consensuado”, indicó en la fecha el ministro Montenegro, en conferencia de prensa.

Hay “un compromiso” de que esta norma se elaboraría “en consenso entre las partes. Ese acuerdo, en ningún momento establece –como dice el Viceministro de Política Tributaria– que son las federaciones las que tienen que mandar la propuesta sobre la parte impositiva (...). Lo que las federaciones están exigiendo es el cumplimiento de ese acuerdo, ya que no las han convocado para trabajar la norma”, dijo Paredes.

“La posición que mantienen” Ferreco y Fecoman es que en la Asamblea Legislativa “deberían ir de manera paralela el proyecto de Ley del Oro y la normativa relacionada con el impuesto único del 4,8%”, aseveró el asesor.

El proyecto para el fortalecimiento de las RIN es la apuesta del Gobierno para monetizar las reservas de oro de Bolivia en momentos en los que están en caída las reservas en divisas.

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