Armin Lluta, expresidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), informó que los cocaleros de los Yungas organizan movilizaciones para impedir que el dirigente afín al partido de Gobierno y promotor de un mercado ilegal de coca, Arnold Alanes, tome el mercado legal a través de un fallo judicial.

“Estamos seguros de que el Gobierno, como no puede conquistar a las bases, está utilizando nuevamente a la justicia. Vemos que Arnold Alanes quiere nuevamente tomar Adepcoca. Esto es una provocación a los Yungas que no va a permitir nuevamente. Estamos ingresando en una movilización, muchos ya se han manifestado a través de distintos medios”, dijo Lluta en entrevista con la ANF.

El viernes se realizó la audiencia de amparo constitucional que presentó Alanes en procura de que la justicia lo reconozca como el único dirigente de Adepcoca. La pretensión del dirigente sería obtener esa resolución judicial para avalar su mercado ilegal de coca que funciona en la calle 1 de Villa El Carmen y dejar sin reconocimiento al mercado tradicional de la calle Arapata de Villa Fátima. La audiencia entró en cuarto intermedio el viernes y debe ser retomada el martes.

“La justicia nuevamente se está entrometiendo y el Gobierno se está entrometiendo con un recurso judicial a una propiedad privada. Nosotros, como yungueños, vamos a tener una reacción porque lo que está haciendo Alanes es una provocación nuevamente”, advirtió Lluta al recordar que es la misma estrategia que siguió la exdirigente Elena Flores, quien intentó tomar Adpcoca por dos años sin éxito.

En diciembre de 2020, Elena Flores ganó un recurso similar contra Armin Lluta, que en ese entonces era el Ejecutivo de Adepcoca. Pese al fallo, Flores no pudo tomar el mercado y realizó hasta seis intentos de abrir otro mercado, pero no pudo convencer a sus socios de fortalecer ese mercado paralelo.

Curiosamente, el abogado de Elena Flores era Franklin Gutiérrez y en esta oportunidad también asesora a Arnold Alanes. El jurista esgrime los mismos argumentos que hace tres años para conseguir el control de Adepcoca.

Los campesinos de Chulumani se reunieron en asamblea y emitieron una resolución de nueve puntos. El primero de ellos instruye una marcha el 21 de cada mes en demanda de la libertad de todos los detenidos de esta región.

También determinaron exigir la abrogación de la Ley General de la Coca que fue promulgada en marzo de 2017 y que los cocaleros identifican como la principal causante para la división de los yungueños.

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