El intento del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, de incluir a autoridades de la Iglesia católica en el caso denominado “Golpe I”, por los hechos de octubre y noviembre de 2019, provocó una serie de reacciones en el clero y en el ámbito político; el Conade y la oposición califican de “venganza” la acción impulsada por Chávez después de que las autoridades religiosas se sumaron a la recolección de firmas por la reforma judicial.
Luego de que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitara a la Fiscalía que convoque a declarar a los sacerdotes que en 2019 formaban parte de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y que, en esa condición, participaron en el proceso de pacificación de 2019, el arzobispo de La Paz, monseñor Percy Galván, remarcó que la Iglesia católica siempre estará dispuesta a aclarar su participación en aquellos sucesos.
“Sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad en distintas cárceles del país por motivos políticos, claro, con otros pretextos; se buscan pretextos como terrorismo, confabulación, golpe de Estado. Si eso se va a extender a la Iglesia (católica), no sería extraño, lo hemos visto en Nicaragua”, dijo Galván este domingo.
En un memorial que fue remitido el 30 de enero pasado al fiscal Omar Mejillones, la Procuraduría solicita que se cite a declarar a un grupo de autoridades religiosas, en el marco del caso “Golpe I”, por el delito de terrorismo.
En ese escrito hay una lista de 10 nombres para que sean convocados. Entre ellos está el arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, vicepresidente de la CEB tanto en 2019 como en la actualidad; el padre José Fuentes Cano, exsecretario general adjunto; Aurelio Pesoa, exsecretario general episcopal, y monseñor Giovani Arana, obispo auxiliar de El Alto aquel año.
GOZAN DE FUERO
El fiscal Mejillones, en un memorial, recordó que se debe tomar en cuenta que los altos cargos de la Iglesia católica gozan de un trato especial. “En relación a los representantes de la Iglesia católica, considerando que estos son considerados misiones (nuncios), el impetrante deberá considerar el art. 195 del CPP (Código de Procedimiento Penal), y pronunciarse al respecto previa citación”, señala el escrito de Mejillones, citado por El Deber.
