El teniente de policía Víctor Hugo Santelices Jáuregui se ha convertido en el primer investigado en Bolivia por las agresiones que, desde el 28 de diciembre, sufren periodistas durante la cobertura de las protestas ciudadanas por el apresamiento violento del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca, opositor al gobierno del presidente Luis Arce Catacora.
Los fiscales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) abrieron una investigación contra el teniente Santelices, acusado de ordenar y cometer agresiones físicas el 1º de enero de este año contra un equipo de prensa de la red televisiva Unitel integrado por el periodista Joel Orellana y el asistente Miguel Ángel Rivero.
Tras el incidente, Rivero resultó herido por golpes en la cabeza y la nariz, según denunció la red televisiva, lo que motivó que la Asociación de Periodistas de Santa Cruz presentara una querella que fue admitida el 5 de enero por la fiscal Celika Córdova Peredo.
“Ahora, lo que corresponde es que se tome las declaraciones, tanto de las víctimas como del acusado que está plenamente identificado en las imágenes de televisión. También se debe revisar el informe forense. Este es un caso de atentado a la libertad de prensa, tentativa de homicidio, lesiones graves, además de robo porque se decomisaron equipos de trabajo pero no se ha devuelto un micrófono”, declaró el presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Roberto Méndez Herrera, a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
En paralelo, agregó Méndez, el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz ha iniciado un proceso disciplinario contra agentes policiales que en noviembre de 2022 rechazaron brindar atención médica al periodista Mario Rocabado, también de la red Unitel, que fue golpeado por manifestantes y que tras dejarlo ensangrentado pretendieron dejarlo en la unidad policial del municipio de La Guardia, pero los uniformados les ordenaron que lo dejaran tirado sobre la vía.
El dirigente gremial lamentó, en cambio, que una acción de libertad presentada el 3 de enero contra el ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, y contra el comandante de la Policía de Santa Cruz, Jhonny Omar Chávez, con el objetivo de frenar las agresiones que sufren trabajadores de la prensa durante la cobertura de la represión contra manifestantes, fuera declarada improcedente por la juez Katherine Carballo, por considerar que las denuncias de abuso policial contra la prensa ya están siendo procesadas por la justicia ordinaria.
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