Los diputados de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga, Pamela Alurralde, Delia Arancibia, Marcelo Solis y Lily Fernández presentaron este miércoles un memorial ante la Fiscalía General del Estado solicitando una investigación sobre los hechos de violencia y abusos policiales en el departamento de Santa Cruz, tras el encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho.
El diputado Arizaga explicó que dentro de las competencias del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, está conformar una comisión para que traten temas de violencia policial como los que están sucediendo en el departamento cruceño.
“Dentro de las atribuciones del Fiscal General del Estado está el poder convocar y designar una comisión de fiscales donde se trate temas que abarquen el territorio nacional; en este caso, en todos los medios de comunicación se habla de los excesos que han cometido algunos malos funcionarios de la Policía Boliviana y creo que es tiempo de sentar un precedente”, declaró Arizaga.
En criterio del parlamentario, los servidores públicos de la Policía Boliviana pasaron a ser delincuentes, debido a que videos en las redes sociales muestran a efectivos de la policía disparar con hondas luminarias públicas y destruir deliberadamente propiedad privada como motocicletas.
“¿Cómo se puede explicar que un efectivo de la Policía Boliviana esté disparando con una honda a los focos del alumbrado público que son bienes del Estado? ¿Cómo se explica que haya funcionarios policiales que estén trasladando motocicletas, que son propiedad privada, para convertirlas en bombas y explosivos?”, cuestionó.
En su análisis, esos efectivos policiales cometieron presuntos delitos de daño económico al Estado y generaron daños a terceros por destruir propiedad privada.
Los cívicos del departamento de Santa Cruz se encuentran en el séptimo día de movilización en demanda de la liberación del gobernador cruceño que se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro de La Paz.
La primera autoridad cruceña no pudo recibir visitas de sus familiares ni de parlamentarios de la Alianza Creemos, debido a que organizaciones afines al Movimiento al Socialismo están en vigilia en puertas del reclusorio exigiendo 30 años de cárcel para Camacho.
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