Después de que opositores plantearon la posibilidad de establecer la fecha del Censo por Ley, el vocero presidencial, Jorge Richter, descartó esa iniciativa y reafirmó que este tema es una potestad privativa del Órgano Ejecutivo que corresponde definirlo por decreto.
“La Constitución Política del Estado señala y dice que dentro de las potestades privativas que tiene el Gobierno central, está la realización de los procesos censales. En esta perspectiva, esto corresponde al Poder Ejecutivo, no al Poder Legislativo y por ello su norma también se la efectúa a través de lo que es un decreto supremo y es en ese camino que se va a trabajar”, dijo Richter en entrevista con Erbol.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 298 señala que los censos son competencia privativa del nivel central del Estado.
El Vocero se pronunció después de que políticos como Tuto Quiroga y Carlos Mesa pospusieron que la Asamblea fije la fecha del Censo por ley, para dar solución al conflicto en que los cívicos cruceños persisten en un paro en demanda de que el estudio nacional se haga en 2023.
Consideró que la iniciativa de fijar la fecha del Censo solo intenta seguir desordenando y perturbando el proceso censal.
Richter ratificó que en próximos días se conocerán los criterios normativos, basados en las conclusiones de la mesa técnica, para la realización del Censo.
Insistió en que el compromiso del presidente Luis Arce consiste en respetar las determinaciones de la comisión técnica, que en este caso estableció un rango de entre marzo y abril de 2024 para realizar el Censo.
Enfatizó que la fecha del Censo no incidirá en el resultado final, por lo cual cree que insistir en ese conflicto tiene un rol de consigna antes de generar una certidumbre.
En este contexto, Richter consideró que no existen elementos suficientes para llevar a Santa Cruz a una situación de presión, daño económico e inseguridad, en el marco de este conflicto.
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