Unas 23 instituciones y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la pacificación del país y el respeto a los derechos humanos; y calificaron de inadmisible que se aliente y justifique el cerco físico de Santa Cruz para ahogarla.
En un pronunciamiento denominado Por la pacificación del país y la vigencia de los derechos humanos, 23 instituciones manifestaron su posición en relación al escenario al aumento de los hechos de violencia y los discursos que buscan una “salida de fuerza” al conflicto que vive el país por el Censo de Población y Vivienda.
“Las instituciones de la sociedad civil abajo firmantes, exhortamos a todos los actores involucrados en el conflicto a constituirse en artífices para la resolución de este y así deponer posturas que solo conducirían a un escenario de mayor violencia y confrontación en desmedro del pueblo”, se lee en el documento.
Instaron al Gobierno central, al Gobierno Departamental de Santa Cruz y a las instituciones involucradas en el Comité interinstitucional por el censo 2023 “abrir las puertas del diálogo y actuar con la responsabilidad que tienen y con la grandeza humana para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis.
Asimismo, señalaron que el origen del conflicto es la postergación de la fecha de realización del censo, proceso que inicialmente estaba previsto para este 16 de noviembre de 2022.
En relación a la situación que vive el departamento de Santa Cruz sostienen que “Es inadmisible que se aliente y justifique el cerco físico a la población de Santa Cruz para ahogarla con el corte de provisión de alimentos, recursos y servicios vitales” para afectar la satisfacción de sus necesidades vitales, como instrumento de lucha política.
Detalle de los puntos del pronunciamiento
1. El Censo de Población y Vivienda enmarcado en el acceso a la información pública, es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado y en Convenios Internacionales, que abre la posibilidad de desarrollar y ejercer otros derechos. El Censo de Población y Vivienda debería haberse realizado en noviembre de este año 2022 y es su postergación para el año 2024, lo que da origen al presente conflicto.
2. Reafirmamos el derecho a la protesta y movilización ciudadana por la postergación del censo, mismas que están protegidas por diferentes convenciones internacionales de derechos y libertades, consiguientemente, estas no deben ser estigmatizadas ni utilizadas para exacerbar y profundizar la polarización política y la situación de alta vulnerabilidad de actores sociales como los pueblos indígenas que se han visto seriamente afectados por el conflicto.
3. Es inadmisible que se aliente y justifique el cerco físico a la población de Santa Cruz para ahogarla con el corte de provisión de alimentos, recursos y servicios vitales, acciones que buscan deliberadamente afectar la satisfacción de necesidades vitales de la población, como instrumento de lucha política, estas acciones son inaceptables y están penalizadas en el Derecho Internacional.
4. Pedimos que organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Misión del Alto Comisionado de NN.UU. en Bolivia, organismos independientes como HRW y Amnistía Internacional, tomen parte activa en el conflicto, en coordinación con la sociedad civil y las autoridades, así como los líderes de todas las partes involucradas en el conflicto.
5. Más allá del actual conflicto, enfatizamos que es altamente importante que la sociedad civil se involucre en el proceso censal en sus distintas etapas, entre otros temas, es necesario un acuerdo de una nueva forma de distribución de los recursos, por ello, convocamos a la sociedad civil a asumir un rol proactivo tanto en la salida pacífica al actual conflicto, como frente al proceso censal, superando consignas partidarias o de intereses de grupos.
Las instituciones que emitimos este pronunciamiento demandamos a las autoridades del Gobierno central, las gobernaciones y los municipios, además de representantes de instancias cívicas, a tener la capacidad de diálogo y concertación. En ellos pesa la corresponsabilidad no solo de restablecer la paz, sino de evitar desenlaces luctuosos provocados por extraños agentes de la violencia.
Que la vida y la tranquilidad de las personas estén por encima del cálculo político y que el raciocinio y la mesura eviten la violación de los derechos humanos. El diálogo es el camino.
Instituciones firmantes
1. Fundación TIERRA
2. CEDIB
3. CEJIS
4. Fundación JUBILEO
5. Fundación ACLO
6. Instituto para el Desarrollo Humano – Bolivia
7. PROCESO
8. Colectivo CASA
9. CIPCA
10. IPDRS
11. CISEP
12. Fundación AGRECOL ANDES
13. PASOCAP
14. Fundación PRODAMA
15. AYNISUYU
16. Fundación CENTRO ARAKUAARENDA
17. FORMASOL
18. INCADE
19. PASCAR
20. Centro de Estudios y Proyectos S.R.L. (CEP)
21. FOCAPACI
22. Red Eclesial Panamazónica – REPAM Bolivia
23. Grupo de trabajo de cambio climático y justicia
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