El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que la decisión de las máximas autoridades de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de expulsar a cinco estudiantes que participaron en una movilización en noviembre de 2021, vulnera el derecho a la educación.
“La Defensoría del Pueblo rechaza rotundamente la expulsión de estos cinco estudiantes y agotará todos los mecanismos para la defensa del derecho fundamental a la educación”, afirmó la Autoridad.
La Comisión de Procesos Universitarios UMSA - Sala Tercera, emitió la Resolución N° 03/2022 de fecha 23 de septiembre de 2022, con la que sancionó a dos universitarios con la expulsión definitiva y a otras tres universitarias con la suspensión temporal de tres años.
La institución defensorial considera, “a prima facie”, que la sanción aplicada en el marco de la normativa universitaria es restrictiva y vulnera derechos fundamentales al pretender limitar el ejercicio del derecho a la educación superior a los estudiantes, desmarcándose de los estándares internacionales de legalidad, objetividad y proporcionalidad.
Asimismo, se hará un análisis normativo para establecer si el sistema jurídico universitario cumple los citados estándares internacionales y si estos se ajustan a los principios de los derechos humanos para, eventualmente, activar la jurisdicción constitucional para exigir el respeto y restitución del derecho a la educación superior.
El defensor informó que, a través de la Delegación Defensorial de La Paz, ya se inició una investigación e intervendrá para hacer seguimiento a la respuesta que se emita a la impugnación que presentarán las y los estudiantes, conforme establecen los artículos 35 al 39 del Reglamento de Procesos Universitarios, cuya presentación tiene plazo hasta este 6 de octubre.
Karen Apaza, es una de las afectadas, cuestionó la sanción que le impusieron y atribuyó el hecho a la denuncia que hizo contra el dirigente de la Federación Universitaria de la (FUL), Álvaro Quelali, actualmente detenido en el penal de San Pedro.
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