Tras conocer el informe de fondo sobre el caso Rózsa, la Procuraduría General del Estado y la Cancillería hicieron llegar una nota de queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la filtración de ese documento, que según sostienen estaría violando el carácter de confidencialidad. Esperarán una respuesta para emitir un pronunciamiento oficial.
“Le hemos reclamado por escrito a la CIDH sobre la afectación de la reserva del informe y hemos pedido que se tomen las medidas del caso. Hasta que la CIDH no nos responda, no vamos a poder pronunciarnos porque esa es la posición oficial del gobierno del presidente Luis Arce”, informó el ministro de Justicia Iván Lima a medios estatales.
El informe de la CIDH sobre la denuncia que presentaron Michael Dywer, Mario Tadic, Elod Tóásó y otros, atribuye al Estado la muerte de Dywer y establece que los sobrevivientes de ese operativo fueron víctimas de torturas.
Lima indicó que están evaluando el documento las autoridades correspondientes y también pidieron a la CIDH “que tengamos un diálogo constructivo que tiene este Gobierno, para aclarar todos los aspectos que se han señalado hasta el día de hoy”.
A la vez, la autoridad reveló que el Estado boliviano fue notificado el 26 de julio del presente año. El Procurador General del Estado fue el primero en conocer el informe y posteriormente fue remitido al Ministerio de Justicia y a la Cancillería para su evaluación. Indicó que el 26 de septiembre se debía publicar el documento.
“El Procurador General es notificado el 26 de julio y con la reserva y confidencialidad del caso lo comunica a la Cancillería y al Ministerio de Justicia. Recuerdo, el 26 de julio nos notifican y el 26 de septiembre tenía que hacerse público”, resaltó.
Con relación a la acusación que hizo Morales en su contra por la filtración del informe, Lima no respondió de forma concreta a esa aseveración y explicó la salida de la entonces presidenta de la CIDH Antonia Urrejola, que dejó sus funciones el 31 de diciembre de 2021 y es la actual canciller de Chile.
Dijo que los involucrados en el proceso ya conocían el documento el 31 de diciembre del pasado año, dejó entrever que esa autoridad fue quien habría filtrado el documento a las partes.
“Uno de ellos es la actual Canciller de Chile (Antonia Urrejola) y es importante analizar esta situación con las reglas del derecho internacional y con la seriedad del caso. Ella ha dejado sus funciones el 31 de diciembre, yo no diría que ese informe es de conocimiento de los involucrados y de las partes el 31 de diciembre del año pasado”, precisó.
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