El informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Mario Francisco Tadic Astorga y Otros Vs Bolivia revela que al menos en 10 ocasiones las  víctimas de tortura denunciaron ante fiscales, jueces y legisladores los tratos crueles a los que fueron sometidos por efectivos de la policía y civiles que fungían como tales, tanto en los operativos, traslados y en los centros penitenciarios, sin que ninguna de las autoridades haya reparado en iniciar una investigación, al tratarse de un delito de lesa humanidad y de carácter imprescriptible.

Tadic presentó la denuncia ante la CIDH en 2009, y luego de un proceso de indagación con información otorgada por los denunciantes y el Estado boliviano, el caso fue admitido por la Comisión en 2018, luego de hallar indicios de responsabilidad. En diciembre de 2021 la Comisión concluyó el informe de Fondo en el que sustenta las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado boliviano y da recomendaciones a cumplir. De no haber interés de parte de Bolivia, el informe será elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el inicio de un juicio internacional.

De acuerdo al informe de Fondo, la Comisión constata que los actos de tortura, así como la detención ilegal que sufrieron Mario Tadic, Elöd Tóásó, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza “fueron denunciados al Estado en reiteradas oportunidades y las autoridades estatales tuvieron conocimiento” por lo menos en 10 ocasiones.

Una de las ocasiones fue cuando los investigados “realizaron sus primeras declaraciones ante el Ministerio Público en abril de 2009”, luego, “cuando fueron revisados por médicos a su arribo a la ciudad de La Paz”, luego se dio “cuando denunciaron en la audiencia de medidas cautelares el 18 de abril de 2009, pero la jueza del Juzgado Séptimo de Instrucción Penal de la ciudad de La Paz -en ese entonces Betty Yañiquez, hoy diputada por el MAS y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos- rechazó cualquier pedido al respecto”.

Otra ocasión fue cuando “el embajador de Hungría en Argentina, después de reunirse con el señor Tóásó afirmó que éste había sido maltratado por la policía boliviana” así también “cuando denunciaron ante la Comisión Multipartidaria de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional” y “cuando la Defensoría del Pueblo emitió la resolución defensorial Nº00111 de 21 de diciembre de 2009 sobre la queja presentada por Mario Tadic”.

Las denuncias por tortura y tratos crueles continuaron cuando las víctimas “presentaron un incidente de actividad procesal defectuosa solicitando se declare nulos los actuados ocurridos desde el operativo el 5 de febrero de 2010” y “cuando Elöd Tóásó brindó su declaración ampliatoria en la que solicitó ‘que se haga una investigación de tortura y de ilegalidad de su caso’”

Pese a ello las autoridades nunca tomaron con seriedad realizar una investigación, y las denuncias siguieron “cuando Mario Tadic presentó una querella contra dos oficiales de la UTARC” y “cuando denunciaron los hechos ante la Fiscalía y la Asamblea Legislativa Plurinacional”. La Comisión observa que “hasta la fecha más de doce años después, los hechos continúan sin ser investigados”.

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