El abogado Gerardo Gianni Prado, que patrocinó la petición de víctimas de violaciones de derechos humanos en el caso denominado "terrorismo", aseveró que el caso llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que se emitirá una sentencia contra el Estado boliviano que obligará a la reparación, investigación y otros aspectos.
El jurista presentó la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de Mario Tadic, Elod Toaso, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes, quienes fueron detenidos en abril de 2009 acusados de terrorismo, y de Michael Dwyer, quien falleció tras recibir disparos por parte de la Policía en el Hotel Las Américas.
La CIDH estableció en un informe que Tadic, Toaso, Guedes y Mendoza sufrieron torturas y vulneraciones a sus garantías judiciales. Asimismo, señala que Dwyer falleció producto del uso desproporcionado de la fuerza de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
El abogado Gianni Prado reveló que en julio las víctimas fueron notificadas con un resumen del informe de fondo de la CIDH, del cual no puede dar detalles porque el organismo solicitó reserva. Explicó que la versión del texto en su totalidad debió ser notificada al Estado, para responder al mismo.
De manera extraoficial, se conoce que la CIDH recomendó al Estado que investigue a los responsables de las violaciones a derechos humanos detalladas en el informe, pero también cumpla con la reparación, atención física y mental y adoptar medidas para que estos hechos no se reiteren.
El abogado explicó que la misma legislación boliviana impediría solucionar este caso mediante la negociación, puesto que la Ley 936 de 2017 prohíbe aplicar el mecanismo de soluciones amistosas en delitos que atentan contra la unidad del país.
Indicó que, por procedimiento, cuando un Estado no cumple las recomendaciones de la CIDH en un plazo estipulado, este organismo lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En ese marco, aseveró que el caso llegará a la Corte IDH, donde se espera que se emita una sentencia contra el Estado boliviano.
“Por supuesto, (el caso) va a la Corte Interamericana y el Estado va a ser responsable”, dijo Gerardo Prado en entrevista desde Lima, Perú, con el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Señaló que la sentencia que emitiría la Corte sería similar a las recomendaciones de la CIDH, con la diferencia de que ya tendrían carácter obligatorio.
Según Gerardo Prado, con la sentencia la Corte podría disponer la reparación integral y medidas de rehabilitación para las víctimas de las violaciones de derechos humanos, además de que se realice la investigación de los responsables de las vulneraciones.
No obstante, dijo que lo más importante para él es que la Corte establezca medidas no repetición, por ejemplo con cambios en la legislación de la prisión preventiva en Bolivia, porque se ha vuelto en una condena anticipada, introducir el tipo penal de tortura y disponer de una preparación adecuada de los policías, fiscales y jueces en materia de derechos humanos.
Respecto a la investigación de los responsables, el jurista señaló que no existe un régimen inmunidad de autoridades ni tampoco de prescripción, sin embargo, dijo que esto ya es una tarea de la justicia interna y que para ello, lo primero, es que los jueces y fiscales sean independientes.
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