La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia que presentó Zvonko Matkovic contra el Estado boliviano por la vulneración de sus derechos humanos tras ser recluido 10 años sin una sentencia por el caso terrorismo. Su defensa adelantó que no conciliarán y buscarán una sentencia.

“Avanzamos un paso más en la busca de justicia (…) Esperemos que pronto este justo reclamo sea escuchado, y que los que están en el poder aprendan que los cargos no son eternos, y que la justicia tarda, pero llega”, escribió Matkovic en su perfil de Facebook.

Mientras que su abogado, Gary Prado, adelantó que el proceso contra el Estado boliviano irá a juicio porque no aceptarán ningún tipo de conciliación, buscarán que se emita una sentencia y la reparación de daños por los 10 años que estuvo recluido su cliente de forma preventiva.

“Vamos a iniciar la fase de alegatos, serán un par de años de alegatos entre el Estado boliviano y la parte acusatoria, los representantes de Zvonko. Luego viene la etapa en la que se hace el análisis de fondo y definitivamente se va a juicio porque conciliación no va a haber”, resaltó.

El ahora presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, fue recluido durante casi 10 años de manera preventiva, ocho de ellos en la cárcel de Palmasola y dos con detención domiciliaria por una presunta implicación en el extinto 'caso terrorismo'. En 2020, la Fiscalía General del Estado retiró la demanda y el caso se cerró.

En ese contexto, el abogado y experto en derechos humanos, Rafael Subieta, que también forma parte de la defensa del empresario, publicó el informe de admisibilidad y explicó que en la demanda se alegó que la detención de su cliente no fue revisada periódicamente, tal como establecen las normas internacionales.

A la vez, señaló que los pedidos de la víctima para obtener un adecuado tratamiento médico tampoco fueron atendidos por las instancias judiciales, hecho que es una vulneración de sus derechos humanos.

“El caso ha ingresado a la etapa de fondo, donde se debatirán si se han probado las violaciones denunciadas, las medidas de reparación adecuadas y, en caso de que el Estado no cumpla con estas, se decidirá si el caso es remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó.

El 16 de abril de 2009, la Policía ejecutó un operativo en el Hotel Las Américas en Santa Cruz, para hacer frente a un supuesto grupo terrorista que pretendía asesinar al entonces presidente Evo Morales y convulsionar al país. En la intervención murieron tres extranjeros: Eduardo Rózsa Flores (húngaro-boliviano), Árpád Magyarosi (húngaro-rumano) y Michael Martin Dwyer (irlandés). También fueron detenidos Mario Tadic (boliviano-croata) y Elod Tóásón (húngaro) entre otros.

Procedimiento

Prado consideró que el Estado no podrá desvirtuar los elementos presentados en la acusación ante el organismo internacional, tomando en cuenta que el ministerio público retiró su acusación bajo el argumento de que el exfiscal del caso Marcelo Soza recibió una condena de 12 años de cárcel y su edecán ocho por uso indebido de influencias y concusión; un abogado de Soza fue condenado a dos años de reclusión por el delito de extorsión.

Se prevé que la etapa de alegatos dure dos años hasta llegar a un juicio, con el fin de sentar un precedente para que el Estado revise los abusos con la detención preventiva y también permitirá estudiar la legislación boliviana.

“También va a haber una condena de reparación en el orden económico. Cuando el Estado boliviano pague por mandato de la propia Constitución, ese monto que pague se lo tiene que cobrar a los que son responsables de esta injusticia”, afirmó el jurista.

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