En medio incidentes y protestas, un juez decidió este jueves enviar con detención preventiva por 90 días para uno de los cuatro personas que fueron aprehendidas, en medio de los enfrentamientos en la zona del Plan 3.000, durante el paro departamental en demanda de la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda en 2023.
La decisión judicial en contra de Carlos Andrés A. es por el lapso de 90 días. De acuerdo con los antecedentes, se le habría encontrado en posesión de explosivos en una mochila. Para el resto de los implicados se dispuso la detención domiciliaria y otras medidas cautelares.
En contra de las cuatro personas se sigue la investigación por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, tenencia, porte o portación ilegal de explosivos y atentados contra funcionarios de la seguridad interior del Estado.
Durante la audiencia, un grupo de familiares y personas que exigían la liberación de los imputados instaló una vigilia fuera de la Estación Policial Integral (EPI) de la zona del Plan 3.000 y luego de conocer la decisión judicial activaron una protesta para impedir el traslado de Carlos Andrés A. a Palmasola.
La Policía tuvo que hacer uso de agentes químicos para lograr que la movilización sea dispersada.
El diputado de Creemos, Erwin Bazán, quien participó de la audiencia, calificó como “vergonzosa” la decisión judicial ya que consideró que se les debería de haber dado libertad irrestricta para todos los aprehendididos.
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