La presidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia, Solveiga Evelin Pinto Michel, por sexta vez consecutiva presentó una baja médica que la imposibilitó de dictar sentencia en el caso Katanas. Según la abogada Paola Barriga esta baja médica la presentó de manera reiterada durante tres meses y justo el día de la última audiencia.
“Estamos cansados de tanta injusticia y de tanta ilegalidad, la Justicia es una vergüenza. No puede ser que una juez actúe de esa forma de una manera vergonzosa, un juez es representante del Estado y ella tiene la obligación de cumplir con su deber, no puede ser que cada vez que nos señalan audiencia para dictar sentencia ella acredite estar mal de salud y esto es recurrente durante tres meses. Las víctimas y mi persona estamos recibiendo amenazas constantes tememos por nuestras vidas”, denunció la abogada, Barriga, quien defiende a Noemy Cámara.
Este miércoles a las 8:00 debía instalarse la última audiencia en el caso Katanas, instancia en la que se debía dictar sentencia contra seis de los10 acusados entre ellos Marco C. su esposa, su hermana, un coronel de la Policía y exfuncionarios de la alcaldía paceña.
La jurista indicó que llamó mucho la atención la actitud que tomó la jueza durante este tiempo, porque cuando Marco C. solicita audiencia de cesación ella participa y no alega ninguna baja médica.
“Estamos viendo que cuando ella quiere presenta baja médica y no podemos hacer nada porque necesariamente al ser presidenta de está sala y haber llevado el caso durante este tiempo estamos supeditados a su accionar, que está ocasionando un mal precedente ante la sociedad porque se habla del delito de trata de personas que puede quedar en la impunidad”, explicó.
Asimismo, denuncio que tanto la esposa como la hermana de Marco C., ambas declaradas en rebeldía, no fueron encontradas e incluso se tiene informes que la pareja del principal acusado tendría antecedentes penales por el delito de tráfico de órganos en Brasil, y en Bolivia habría estudiado medicina como si nada. “Es un peligro constante que estas personas estén libres y la justicia no haga nada”, subrayó.
Aseguró, que hechos como estos develan que la justicia en nuestro país está fallando y que las víctimas nunca encuentren justicia y quedan desprotegidas, porque también en este caso la Fiscalía debía acusar por los delitos de violación, tortura, secuestro entre otros, pero sólo acuso por trata de personas, incumplimiento de deberes y complicidad que tiene una pena máxima de 10 años, cuando debía darse una sentencia de 30.
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