La Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) se declaró en emergencia por la promulgación de la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, la cual endurece las penas para jueces que incurran en delitos como prevaricato y consorcio.
Dicha norma fue propuesta después de casos como el de Richard Choque, quien fue dejado en libertad por un juez, a pesar de que tenía sentencia por asesinato, y volvió a cometer el delito.
Con la nueva norma, promulgada este lunes, la pena por el delito de prevaricato sube de un máximo de 10 años de cárcel a 20 años de privación de libertad.
“A partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley, de la Constitución, va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel (…) El delito de consorcio también sube la pena de cinco a 10 años de privación de libertad, consorcio es cuando los fiscales, los jueces, los policías, la administración de Justicia actúa en contra las víctimas”, indicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
El Ministro agregó que, con esta ley, se impide que imputados por feminicidio, infanticidio, violación de niños tengan la posibilidad de tener detención domiciliaria. Además, la demora procesal no será causal para que cesen sus medidas cautelares.
La presidenta de Amabol, Grenny Bolling, dijo que los jueces están declarados en emergencia y que se reunirán en directorio para tomar una posición.
“Llama la atención que las autoridades del Órgano Judicial estén impávidas, mirando, y permitiendo que se emitan normativas que van contra la Constitución y las leyes”, advirtió la dirigente de los jueces, según reporte del periodista Iván Ramos de ERBOL.
Bolling resaltó la importancia de este tema para la independencia judicial, puesto que para emitir una resolución un juez puede verse presionado no sólo por políticos, sino por la sociedad.
Señaló que esas presiones pueden darse sin el conocimiento necesario para analizar la posición del juez. Dijo que ha hubo casos de intervenciones en ese marco.
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