Las agresiones verbales, amenazas e injurias expresadas por un abogado contra un periodista del diario El Deber, y de otros medios de información que cubren la reconstrucción de un secuestro de seis comunicadores, están tipificadas como delitos contra la libertad de prensa, y atentado contra la libertad de trabajo, según un análisis legal difundido por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que representa a los principales diarios bolivianos.

El informe fue conocido horas después que un grupo de periodistas que se aprestaban a trasladarse hasta el municipio El Puente, distante a 242 km de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para realizar la cobertura de la reconstrucción de los hechos programada dentro del proceso por el secuestro y tortura que sufrieron 17 personas, entre ellos periodistas y policías, a manos de un grupo armado que los retuvo el 28 de octubre de 2021, en la provincia Guarayos, fue increpado por el abogado César Cardona.

El periodista Guider Arancibia, del diario El Deber, relató que los comunicadores se congregaron el 6 de junio de 2022, a las cinco de la madrugada en las afueras del Comando Policial para acompañar a una comitiva oficial conformada por policías, fiscales, víctimas y acusados, para realizar la reconstrucción de los hechos de octubre pasado, y cuando tomaban imágenes fueron agredidos por Cardona, quien desconoció el derecho al trabajo de la prensa con el argumento de mantener en reserva la identidad de sus defendidos.

“En una reunión previa, ese mismo abogado se opuso a que los periodistas acompañen a la comitiva. Incluso amenazó con llevar hasta El Puente a cerca de mil comunarios para hacernos desistir del viaje”, sostuvo el periodista.

Cardona es patrocinador legal de Sixto Canaza y Paulino Camacho, que son hasta ahora los dos únicos aprehendidos dentro de la investigación contra los encapuchados que apoyaban el avasallamiento de la propiedad agrícola Las Londras.

Según el análisis legal, las agresiones verbales del jurista lo convierten en autor de los delitos de injurias, establecido en el artículo 287 del Código Penal, y de atentado contra la libertad del trabajo, establecido en el artículo 303 del mismo cuerpo legal.

La interferencia al trabajo periodístico también está comprendida en el artículo 296 del Código  Penal, sobre delitos contra la libertad de prensa, y deja abierta la vía para la presentación de una denuncia ante la Fiscalía para hacer valer la reparación de los derechos vulnerados.

Tras siete meses del secuestro de periodistas, el proceso avanza lentamente, lo que ha motivado quejas de entidades gremiales que han criticado el cambio de dos fiscales y dos investigadores, el incumplimiento de citaciones y mandamientos de apremio para otros involucrados cuyos rostros fueron registrados en imágenes de video tomadas por el periodista Percy Suárez.

Las investigaciones señalan que el grupo armado de encapuchados autor del atentado contra seis periodistas, tres policías y ocho trabajadores de Las Londras lo integraban dirigentes y afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (CSUTCSC), organización afín al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS). Esa vinculación quedó en evidencia, en septiembre de 2021, con el reconocimiento realizado por la Cámara de Senadores a la CSUTCSC “en conmemoración a sus 41 años de vida sindical y por su constante y esforzado trabajo por el desarrollo productivo del departamento de Santa Cruz y del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Los trabajadores de la prensa plagiados en 2021, fueron Jorge Gutiérrez del periódico El Deber, Silvia Gómez y Sergio Martínez de Unitel, Mauricio Egüez y Nicolás García del canal Red Uno, Percy Suarez de la red televisiva ATB, en tanto que Róger Ticona de PAT huyó tras los primeros disparos y fue el primero en dar la voz de alerta.

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