El periodista de Radio Fides Potosí Juan Orellana se declaró víctima de una trampa para incriminarlo por el delito de extorsión como represalia por investigar casos de corrupción en la gobernación departamental, y tras 28 horas de detención en oficinas policiales, ahora está imputado por la Fiscalía.
Orellana relató a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que el lunes 9 de diciembre, cerca de las 11.00 de la mañana, fue detenido por personal policial del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI), para ser investigado por supuesta extorsión.
Orellana desempeña tareas periodísticas desde hace 10 años y obtuvo su formación académica en la estatal Universidad Técnica de Oruro (UTO), y desde hace cinco años reporta para Radio Fides Potosí. Su trabajo recibe reconocimiento de la ciudadanía por investigar hechos de corrupción en entidades públicas.
El viernes 6 de diciembre, pidió al actual director del Servicio Departamental de Deportes (Sedede), Edgar Gonzáles, que visite los estudios de la radio a las 11.00 del lunes 9, para ofrecer su versión acerca de una investigación abierta en la Gobernación, y el funcionario aceptó.
Antes de ingresar al estudio, Gonzáles pidió al periodista que salga de la radio a la calle para “coordinar la entrevista”. Orellana salió y cuando lo tuvo enfrente, Gonzáles dijo: “tomá…” y entregó un sobre. El periodista preguntó “¿qué es esto?”, y puso el sobre en un ventanal, según su relato. De inmediato, un policía de civil tomó las manos del periodista y las colocó atrás.
“La policía (un hombre de civil) me puso (el sobre) en el bolsillo (derecho del saco) y me dijo: Eso es suyo y (tres policías de civil) me llevaron a las celdas policiales, no me dejaron llamar al abogado… Me sacaron fotografías que yo no había autorizado, pero eran muy agresivos los del DACI”, explicó.
Poco después, el Director del Sedede declaró ante los periodistas que Orellana le exigió la suma de 10.000 bolivianos como condición para no difundir denuncias relacionadas con su gestión pública, según un reporte del diario El Potosí. Actualmente, cursan ocho casos que son indagados en la Gobernación.
El análisis jurídico de los abogados de la ANP señala que: “El artículo 333 del Código Penal señala claramente que comete delito de extorsión quien, mediante intimidación o amenaza grave, constriñere a una persona a hacer, tolerar que se haga o se deje de hacer alguna cosa, con el fin de obtener ventaja o beneficio económico”, una acción sancionada con reclusión de uno a tres años.
La evaluación legal de datos concluye que “no existe ningún elemento conducente a probar la intimidación, porque las noticias y denuncias difundidas por Orellana ya eran de dominio público”.
Los diarios independientes representados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hacen un llamado urgente para respetar el derecho constitucional de presunción de inocencia del periodista Orellana y el debido proceso.
La ANP reclama protección para todo periodista que realiza investigaciones sobre el uso del dinero y bienes públicos a cargo de funcionarios que deben someterse a normas, reglamentos y procedimientos establecidos por un conjunto de disposiciones relacionadas con la buena administración de bienes y recursos financieros que pertenecen al Estado.
También hace un llamado a los administradores de la justicia para que actúen de oficio en casos de corrupción cometidos por funcionarios, con la misma diligencia con la que se imputó al periodista Orellana, que realiza investigaciones y denuncias sin hallar respuesta en los poderes Ejecutivo y Judicial.
La ANP anunció que hará conocer el presente informe a la Relatoría para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos (CIDH).
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