El ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, informó este jueves que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras debe presentar un plan para concluir los procesos que están en curso en el caso del desfalco al Fondo Indígena.

Lima recordó que el caso empezó con un informe de la Contraloría General del Estado y pasó el tiempo hasta que este 1 de julio Henry Lucas Ara, actual contralor, concluirá su mandato; además, hay muchas obra inconclusas y personas implicadas en el caso que parecería nunca terminará el proceso.

“Al inicio del gobierno del presidente (Luis) Arce se emitió un Decreto Supremo otorgándole al ministro (de Desarrollo Rural y Tierras), Remmy Gonzales, que está a la cabeza, –es descentralizada el Fondo Indígena –, un plazo para que pueda presentar al ministerio de Justicia y a la Procuraduría un plan legal para concluir estos procesos”, explicó Lima en RTP.  

El titular de Justicia señaló que están en reuniones permanentes porque vieron que el sistema penal no es la vía para concluir el caso Fondo Indígena, pero sí la justicia restaurativa.

“Necesitamos que las obras terminen, que las empresas concluyan las mismas, que las personas que tengan que devolver el dinero lo devuelvan y no tener un caso; por lo visto, no va tener sentencia”, apuntó.

El 19 de abril falleció Marco Aramayo, uno de los hombres que denunció la corrupción en el Fondo Indígena, quien estaba detenido siete años y vivía torturado por dos centenas de procesos que le abrieron. Lima dijo que fue triste el fallecimiento de uno de los imputados.

En 2016, Aramayo reveló que Nemesia Achacollo (MAS), exministra de Desarrollo Rural y expresidenta del directorio del Fondioc, autorizó el desembolso de Bs. 575 millones en pleno año electoral, pese a la deuda y a la quiebra técnica de la entidad estatal.

Este dinero llegó a cuentas personales de varios dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas y no a los proyectos a los que estaban destinados. Asimismo, Achacollo, quien estaba detenida ahora goza de detención domiciliaria, era investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Por su parte, el senador de Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz, manifestó que sería una equivocación muy grande si se decide cerrar el caso Fondo Indígena porque todavía no se resolvió el caso y tampoco se recuperó el defalco millonario.

“No creo que (Lima) tenga tal atrevimiento (de cerrar el caso) porque no se recuperaron millones de bolivianos de las arcas nacionales, donde hay un muerto de por medio, el señor Aramayo, y donde hay una serie de acusados y algunos siguen en cárcel”, expresó.

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