En la Comisión de Procesos Universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) existen dos procesos contra Álvaro Quelali, esa instancia no funcionó toda la gestión 2021, por lo que el secretario ejecutivo de la FUL no fue procesado y fue reelecto dirigente el año pasado.
Un proceso radica en la comisión desde junio de 2021, tiene otro proceso sobre el cual la comisión no quiso referirse; pese a ello fue reelegido como secretario ejecutivo de la Federación Universitaria Local (FUL). Ambos casos recién fueron admitidos este año.
El 17 de junio de 2021, el Consejo Universitario de la UMSA, mediante resolución, remitió a la Comisión Universitaria de Procesos los antecedentes para “el inicio de proceso universitario” contra los estudiantes Carla Belén Ruíz, Roselin Francis Venegas, Tabita Álvarez y el dirigente de la FUL, Álvaro Quelali.
La resolución 513/2021 fue aprobada el 17 de junio, es firmada por el rector de la UMSA, Oscar Heredia, y por el secretario general, Israel Hugo Centellas.
Sin embargo, la resolución del Honorable Consejo Universitario no se cumplió porque la Comisión de Procesos Universitarios no funcionó durante toda la gestión de 2021. La abogada de dicha instancia Lidia Mamani explicó a la ANF que se declaró un “corte procesal” ese año.
“La Comisión de Procesos Universitarios la gestión 2021 no ha funcionado, y existe una resolución de corte procesal”, dijo Mamani, detalló que las salas de esta comisión se renuevan cada dos años, y que su mandato terminó en diciembre de 2020.
Por esa razón los casos que ingresaron en 2021 no fueron procesados, sino hasta este pasado mes de febrero cuando los miembros de las salas de la comisión fueron posesionados.
La denuncia en contra de Quelali y otras estudiantes es por vulneración a la normativa, acoso y violencia política, porque fue apartada de su representación como secretaria ejecutiva de la Carrera de Trabajo Social, con base en una carta de renuncia cuya firma presuntamente fue falsificada.
El dirigente de acuerdo a los registros de la UMSA es estudiante hace 20 años, fue elegido al menos en tres oportunidades dirigente de la FUL, es cercano a otro dirigente “dinosaurio”, Max Mendoza, quien es estudiante de la Universidad Mayor de San Simón hace 25 años, y es presidente de la Confederación Universidades Boliviana.
Mamani, manifestó que la denuncia contra el dirigente está en la etapa de admisión, “las denuncias que cursan en la comisión de procesos contra Álvaro Quelali se están ventilando y están siguiendo su proceso regular como todas las denuncias”.
Aunque aún no hay una “resolución de rechazo (al caso) o de sanción”. De acuerdo al reglamento de la comisión de procesos, hay tres salas: la primera de admisión que tiene 30 días hábiles para admitir o rechazar; la segunda, de procesos, es la instancia de sanción, pero también puede rechazar. Tiene 30 días hábiles; y la tercera, de apelación que tiene 10 días hábiles.
La funcionaria manifestó que no podía referirse al segundo proceso en contra de Quelali, sin embargo, dijo que también estaba siguiendo su curso.
Las críticas a los dirigentes y estudiantes “dinosaurios” en el sistema universitario han surgido a raíz de las pugnas por el control de los centros de estudiantes y de las FUL, luego que en Potosí una disputa entre bandos estudiantiles provocó la muerte de cuatro universitarias.
Privilegios de la FUL
Los dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) también tienen asignado un vehículo oficial para el cumplimiento de sus actividades.
Es así que el Honorable Consejo Universitario el año pasado incluso le asignó a la FUL, una camioneta en calidad de “préstamo y temporalmente”, la asignación sale a nombre del responsable Álvaro Quelali, en su condición de dirigente.
En la resolución 232 del consejo, se argumenta que ante los desperfectos mecánicos que tiene el vehículo de la FUL este debe ser enviado a reparación y en ese marco se les dota de otro medio de transporte.
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