Diferentes entidades investigan el deceso del ciudadano Ángel G. A. J., quien se encontraba bajo custodia policial, de la División de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Anticrimen de La Paz, entre el 7 y 8 de abril de esta gestión. La Defensoría indaga el caso por tortura seguida de muerte, mientras que la Fiscalía lo hace bajo el tipo penal de homicidio.
La muerte de Ángel, registrada el 8 de abril, fue a causa de asfixia mecánica por broncoaspiración y anoxia cerebral. El caso levantó polémica por las explicaciones escuetas que dieron diferentes jefes policiales, además, de la denuncia de la familia que tenía sospechas de que habría sido torturado.
“Queremos saber qué pasó, a veces la Policía te tortura para que hables y saber qué pasó”, indicó el hermano de Ángel, Adalid A., quien además aseguró que su familiar tenía buena salud y que no padecía de ninguna enfermedad.
Ángel, antes de perder la vida, era investigado por la desaparición de su expareja Vanessa A. C. de quien no se conoce su paradero desde diciembre de 2021. El caso se abrió en la ciudad de El Alto por el delito de trata de persona y existía una orden de aprehensión en contra de Ángel, por ser el principal sospechoso del hecho.
La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que a través de la recopilación de testimonios que realizaron, Ángel habría llegó muerto a un centro de salud después de ser trasladado desde la Policía, pero además los efectivos no quisieron otorgar información sobre su identificación ni la del fallecido.
“Se ha solicitado de forma directa y de forma oficial el inicio de procesos para establecer las responsabilidades de quienes hubiesen estado en custodia de esta persona al momento de su muerte. Nosotros, hemos abierto una investigación en el marco del mecanismo nacional de prevención contra la tortura, sobre la posibilidad de la comisión de tortura seguida de muerte”, señaló la Defensora del Pueblo.
La fiscal no fue informada del arresto
Sobre lo acontecido, la fiscal que lleva el caso de Vanessa, Roxana R. C. A., realizó un informe dirigido a la Fiscalía General del Estado asegurando que como dirección funcional de la investigación no tuvo conocimiento de los actuados que realizó la Policía cuando se arrestó a Ángel.
Según el informe al que tuvo acceso ERBOL, el teniente Boris Gutiérrez, jefe de la División de Trata, sostuvo que el 7 de abril por la noche Ángel se presentó para presuntamente confesar el feminicidio de su expareja Vanessa, procediéndose a su arresto a las 23:30 en la modalidad de acción directa.
Luego, según esta versión, en la madrugada del 8 de abril el arrestado pidió ir al baño y, cuando le sacaban la manilla, empezó a descompensarse y convulsionar.
Sin embargo, la fiscal que investigaba la desaparición de Vanessa aseguró esa acción directa no fue puesta a su conocimiento hasta las 11:35 del 8 de abril.
También en el informe, la fiscal hace notar que los efectivos que estuvieron en la custodia del arrestado no adjuntaron la “entrevista policial” que realizaron, donde supuestamente Ángel confesó haberle quitado la vida a su expareja Vanessa.
En ese marco, la fiscal concluyó su informe señalando que todos esos actuados que realizó la Policía no fueron puestos a conocimiento de su autoridad de manera oportuna, sino de manera extemporánea, después de 12 horas con 35 minutos, vale decir, después de la muerte de Ángel, haciendo notar un incumplimiento de deberes de parte de los efectivos policiales.
Este medio intentó conversar con el responsable de la División de Trata de Tráfico, sin embargo, indicó que no tenía autorización para declarar del tema.
Fiscalía investiga la muerte de Ángel
A raíz de la muerte de Ángel, que estaba bajo custodia policial, la Fiscalía inició una investigación de oficio contra los autores, por el delito de homicidio.
“El Ministerio Público a emitido varios requerimientos en los cuales se ha solicitado a la FELCC las cámaras de seguridad, también, alguna información relacionada, justamente, al fallecimiento de la víctima. También, se ha emitido requerimiento al Hospital de Clínicas”, dijo a ERBOL la fiscal Juana Cortez, de Delitos Contra la Vida.
La Fiscalía investiga las causas por las cuáles se produjo la asfixia mecánica por broncoaspiración y la anoxia cerebral, para ello también se ha dispuesto realizar estudios complementarios como de toxicología forense.
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