El alcalde de La Paz, Iván Arias, asistirá a la Petición de Informe Oral (PIO) que la comisión de Organización Territorial de la Cámara de Diputados prevé convocar para la próxima semana donde deberá responder sobre la ley de Regularización de Construcciones y las observaciones que tienen los legisladores sobre la normativa, sobre que daría vía libre a la venta ilegal de viviendas.

“Va a asistir con seguridad”, afirmó el asesor del burgomaestre de La Paz, Oscar Navarro, a la ANF. La convocatoria para Arias se motivaría porque no acudió a dos anteriores informes orales sobre la regularización de construcciones.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, afirmó en conferencia de prensa que Arias será citado para una Petición de Informe Oral y también le remitirán una solicitud de datos escritos sobre el tema. Recordó que el jueves de la anterior semana se hizo una audiencia pública con organizaciones sociales e instituciones de profesionales donde debía el burgomaestre paceño explicar la normativa, pero no acudió y los representantes civiles quedaron en redactar cuatro minutas de comunicación.

“El alcalde Arias ha mostrado un desdén hacia las organizaciones vecinales, ante este Órgano Legislativo, tiene pendientes dos peticiones de informe oral a las que no ha querido venir; si no viene a esta última conminatoria, como dice el reglamento, vamos a pasar al pleno de la Cámara de Diputados para que dicte sus sanciones. El alcalde no quiere dar respuestas de los departamentos chutos y edificaciones ilegales”, afirmó el legislador.

Navarro recordó que, a la primera citación, Arias no fue porque fue sometido a una cirugía y pidió la reprogramación. En tanto que, el diputado de CC, Ingvar Ellefsen, mencionó que la carta de respuesta del alcalde fue por una baja médica, pero en redes sociales “se lo veía en otras actividades, entonces nos miente”, sostuvo en entrevista a la ANF.

Arias deberá explicar sobre la Ley de Regularizaron de Construcciones que está vigente desde febrero. La comisión de Organización Territorial observa la normativa porque daría vía libre a la venta ilegal de construcciones, ya que un propietario que debe construir un número limitado de viviendas, aprovecharía la ley municipal para extenderse en altura y negociar las propiedades a nombre de necesidad social.

Al respecto, Navarro explicó que las viviendas con mayor altura se someten a un fraccionamiento y las propiedades deberían ser saneadas en Derechos Reales, que es una actividad fuera de competencia de la municipalidad paceña. “En el caso que tenían autorización de cuatro pisos, han construido ocho pisos, ellos deben hacer nuevo fraccionamiento”, afirmó el funcionario municipal.

El asesor de Arias citó otras observaciones que pudo recoger a la normativa como que pondría en riesgo la estabilidad de suelos y zonas de deslizamiento, o cargas excesivas, y aseguró que la ley referida solicita un estudio geológico para edificar nuevas infraestructuras. “Son observaciones técnicas”, agregó.

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