Brisa de Angulo Lozada fue víctima de violación por su familiar Eduardo Gutiérrez de Angulo, en el año 2002, pero como no encontró justicia en Bolivia, acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque ya pasó 20 años desde que sufrió la agresión reprochó que el Gobierno boliviano aún duda de que sea víctima.
“El 2002 se hace la denuncia contra el agresor sexual, se hace el juicio, hubo bastantes errores en el juicio por parte de los jueces, se llega la Corte Constitucional y repiten el juicio, y vuelve a empezar otra vez el proceso del juicio. Hay bastantes violaciones de derechos humanos en el juicio, llega por segunda vez al Tribunal Constitucional y reinician el juicio", manifestó.
"El tercer juicio el agresor se escapa, hasta el día de hoy es un fugitivo de la justicia y se sigue esperando que Bolivia haga la extradición para continuar el tercer juicio. (…) Lo más triste de todo es que el Gobierno de Bolivia pidió a la Corte Interamericana hacer un examen para ver si yo tenía el perfil de víctima y él de agresor para este juicio”, relató De Angulo en entrevista con el programa Contacto Bolivia.
Esta semana se llevó adelante la audiencia pública del caso de Brisa, en ella participó el Gobierno boliviano representado por el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez. La joven relató que durante esa audiencia, la Corte IDH llamó la atención a Bolivia por exigir estudios que confirmen que ella fue víctima de abuso sexual.
Además, el representante del Gobierno de Bolivia habría presentado documentos en los que la revictimizan y la culpabilizan por la agresión.
“A mí me hicieron un favor, porque ellos mismos mostraron la postura que tiene el Gobierno boliviano de culpabilizar a las víctimas aún 20 años después”, expresó.
Brisa contó que, durante la audiencia pública, el representante boliviano demostró que no tenía argumentos para defenderse o responder a las preguntas que hacían los jueces. “Una y otra vez decía voy a contestar por escrito, voy a contestar por escrito”.
El objetivo de Brisa, con su demanda ante la Corte IDH, no es responsabilizar al Gobierno de Bolivia sobre lo que le pasó, tampoco busca un resarcimiento económico, su objetivo es lograr que el organismo obligue al Gobierno a trabajar en políticas públicas, cambios legales para que niños, niñas y adolescentes no pasen por lo que ella pasó hace 20 años.
Tras la audiencia pública, ambas partes tienen hasta el 2 de mayo para presentar los últimos argumentos vía escrita y posteriormente, la Corte IDH, dentro de cinco a seis meses, emitirá una resolución y dictará una sentencia.
“Lo importante es que cualquier cosa que salga en esta sentencia se vuelve un precedente internacional, cuáles son los estándares legales, internacionales para la región y cuáles son los estándares de debida diligencia para los gobiernos de toda la región, entonces cualquier cosa que salga en esta resolución se vuelve en estándar internacional, es el primer caso de incesto de adolescente que llega a la Corte Interamericana”, finalizó.
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