La exdiputada Rebeca Delgado planteó que los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (2011-2016) sean procesados por la vía penal por la “ilegal” inhabilitación de su candidatura en los comicios de 2015.
“Ya que está en eso, proceso penal a quienes inhabilitaron nuestras candidaturas también: los exvocales Ovando, Chuquimia…” escribió Delgado en un mensaje a través de su Twitter, en relación al anuncio del MAS de procesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inhabilitaron a Evo Morales a senador.
Delgado y el exsenador Eduardo Maldonado luego que el Tribunal Constitucional Plurinacional les negó la tutela de sus derechos políticos, recurrieron al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, para hacer valer sus derechos y garantías constitucionales.
Esa instancia el 2018, concluyó que Bolivia violó los derechos políticos de ambos exmiembros del parlamento al inhabilitarlos como candidatos a alcaldes de Cochabamba y Potosí en las elecciones subnacionales de 2015.
Los entonces vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con base en una circular 71/2014 y por encima de la Constitución inhabilitó a Delgado y Maldonado. Esa disposición decía que los senadores y diputados del periodo legislativo 2010-2015 no podrían postularse a varios cargos municipales y regionales, incluidos los de alcaldes.
El Comité señaló que su inhabilitación constituyó una “restricción a sus derechos políticos que no se basó en criterios razonables y objetivos claramente previstos por la ley, en violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
“Recuerdan a estos vocales del TSE que me inhabilitaron? Por orden de quién, @evoespueblo? ¿hay que empezar a sentar precedentes? Si, empecemos sin discriminación ni abuso de poder #Justicia #DerechosHumanos”, dijo Delgado.
En ese periodo estuvieron como vocales: Wilfredo Ovando, Dina Chuquimia (que volvió a ser designada como vocal delegada por el presidente Luis Arce), Marco Ayala, Ramiro Paredes, Wilma Velasco, Irineo Zuna y Fanny Rivas.
Ninguna de esas exautoridades fue procesada a pesar de un dictamen internacional como el del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el que concluyó que el Estado boliviano vulneró los derechos de los exlegisladores.
A pesar que el Comité emitió su resolución el 2018, a la fecha el Estado a través del Gobierno y específicamente de la Procuraduría General del Estado se negó a cumplir el mismo.
“A cuatro años, en mayo (se cumple), la Procuraduría General del Estado no ha tomado ninguna determinación, de hecho, hubo actitudes que pretenden eludir estas responsabilidades”, sostuvo el exsenador Maldonado.
Precisó que en todos los gobiernos se ha tenido la misma actitud, en el gobierno de Evo Morales, en el de Jeanine Áñez y en el de Luis Arce, es esa línea estuvieron los exprocuradores Héctor Arce, Pablo Menacho y ahora Wilfredo Chávez, acotó.
“Una actitud descarada de falta de respeto a un tribunal internacional”, protestó el disidente del MAS, Maldonado, quien fue impedido de ejercer sus derechos políticos el 2015.
A diferencia de ambos a quienes los exmagistrados del TCP les negaron el resguardo de sus derechos, los actuales magistrados fallaron a favor del expresidente Evo Morales, establecieron que el 2020 el TSE violó su derecho de ser candidato a la senaturía, es más resolvió indeminizarlo.
Delgado manifestó que existe una diferencia esencial entre su caso y de Maldonado con el de Morales, porque cuando fueron candidatos a las alcaldías no fugaron del país, tenía residencia en el país y en sus departamentos, en cambio, el exmandatario "fugó" del país el 2019.
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