A medida que prosigue la investigación en el caso que salpica a jueces que presuntamente incurrieron en irregularidades al liberar a sentenciados, ayer se conoció que la mujer quien fue declarada culpable por el secuestro y asesinato de la adolescente Andra, en 2012, fue liberada. La sentenciada cumplía su sentencia en el penal de Obrajes de la ciudad de La Paz.

ANF publicó que el juez de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz Hernán G.Q. fue aprehendido este lunes por la presunta comisión del delito de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, consorcio de jueces y abogados por otorgar de manera irregular detención domiciliaria a una mujer sentenciada a 30 años por los delitos de organización criminal, secuestro y asesinato.

El dato fue confirmado por el fiscal departamental de La Paz, William Alave, que aseguró que se encontraron suficientes elementos contra el jurista,

“Al haber encontrado los suficientes elementos de convicción, la Fiscalía ordenó la aprehensión de este Juez que, de manera irregular e ilegal, habría determinado detención domiciliaria temporal sobre la base de un certificado médico forense firmado por el médico Freddy T. R., quien también favoreció a Richard Choque, a favor de Teresa Valenzuela Guzmán, sentenciada a 30 años de cárcel por el Tribunal 1° de Sentencia de la ciudad de Potosí en marzo de 2014”, informó.

El fiscal Anticorrupción, Tomas Choque, explicó que el 31 de diciembre de 2021, mediante resolución 415/2021, el Juez 2° de Ejecución Penal de la ciudad de La Paz, Hernán G.Q., habría otorgado detención domiciliaria a Teresa Valenzuela Guzmán, por el plazo de un año luego de que la defensa de la mujer presentara un certificado médico emitido por Freddy T.R., quien también viabilizó la detención domiciliaria de un feminicida y violador serial.

De acuerdo al fiscal, el certificado médico indicaba que la sentenciada por asesinatos tendría las enfermedades de artrosis, cervicomialgia cervical, síndrome ansioso depresivo entre otros argumentos con los que logró acceder al beneficio.

“De acuerdo a procedimiento, en las próximas horas se tomará la declaración del juez para posteriormente analizar y determinar su situación jurídica; sin embargo, existen índicos suficientes para emitir una resolución de imputación formal por los delitos atribuidos y pedir la detención preventiva de esta autoridad jurisdiccional que se presume actúo en contra la normativa otorgando beneficios con el mismo modus operandi que el exjuez Alcón “, agregó Choque.

EL CASO ANDRA

Un Tribunal de Sentencia de Potosí sentenció a 30 años de prisión sin derecho a indulto a los culpables del asesinato de la adolescente de 15 años Andra Stayssi Apacani Fernández, quien fue secuestrada el 16 de septiembre de 2012, victimada con raticida y después ahorcada con una chalina, tal como lo demostró en su acusación el Ministerio Público, informó ayer a través de una nota de prensa el fiscal General, Ramiro Guerrero.

El titular del Ministerio Público, informó que el Tribunal Primero de Sentencia de la Villa Imperial en base a las pruebas presentadas por los fiscales en juicio, sentenció a 30 años de cárcel a Teresa Edid Valenzuela Guzmán, su hijo Ernesto Ortubé y Leandro Fernández, acusados por los delitos de organización criminal, secuestro y asesinato.

“En este caso, el Ministerio Público presentó más de 180 pruebas documentales, presentó una prueba pericial que determina que los restos óseos encontrados corresponden a la víctima y se presentó un informe médico antropológico realizado por el IDIF que determina la causa de la muerte por asfixia mecánica; pruebas que demuestran la culpabilidad de los acusados y da justicia a los familiares con la condena”, argumentó Guerrero.

Asimismo, Guerrero informó que se emitió sentencia condenatoria en contra de Emilio Cruz, participante del macabro hecho, de oficio mecánico, con 15 años de presidio por el delito de complicidad.

La cabecilla de esta organización criminal desbaratada, Teresa Valenzuela, cumplirá su sentencia en el penal femenino de Obrajes de la ciudad de la Paz, entre tanto, los demás sentenciados se quedarán en el penal de Cantumarca de la ciudad de Potosí.

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