El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, informó este viernes del "retiro"  del director del penal de San Pedro, coronel José Luis Morales, después de las denuncias de que ese centro penitenciario de La Paz era controlado por feminicidas y violadores.

“(El director del penal de San Pedro de La Paz) ha sido retirado para poder profundizar la investigación, esto no significa de que sea el responsable de la comisión de alguna falta, contravención o algún delito”, indicó Del Castillo.

Pidió a la opinión pública un par de días para tener un informe completo sobre la denuncia que realizó la organización de Mujeres Creando, sobre los hechos en la cárcel de San Pedro. Adelantó que una vez recibió la alerta de irregularidades en ese penal envió a personal de la oficina de control interno para verificar las mismas.

“Manifestamos que cualquier denuncia, sea de quien sea, sea de un ciudadano civil, policial, militar o un agregado ciudadano boliviano extranjero, será investigado por parte del ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana”, acotó.

Sobre las denuncias en el penal de San Pedro

El martes, la activista de Mujeres Creando, María Galindo, denunció que, de acuerdo con un testimonio de un privado de libertad de San Pedro, este penal está controlado por “treintones” (sentenciados a 30 años) y/o feminicidas, quienes realizan los cobros y las extorsiones para luego usar el dinero en pagos a los jueces de sus causas para recibir beneficios y que esta situación se hace en complicidad del gobernador del penal, José Luis Morales del Castillo.

Esas denuncias a las que tuvo acceso ANF salieron de la sección Chonchocorito donde el interno Henry Roncal Limachi Silva, acusado de violación, junto a su directiva y sus disciplinas Marco Espejo Cruz y Gregorio Casichañurco, tomaron el control de la sección para exigir a los nuevos internos acusados de violación, feminicidio y otros el pago de 3.500 bolivianos y a los recién ingresados por la falta de pago de asistencia familiar, 1.500 bolivianos.

Este accionar se hace con la participación de la Gobernación del penal compuesto por efectivos de la policía, según las denuncias de los internos. “De la misma gobernación del penal, le pasan el número del delgado (de Chonchocorito) a los familiares de las personas que están en celdas judiciales”, señala un denunciante. Los internos reconocen al suboficial Fuentes en este proceso, que es el secretario general del gobernador de la cárcel.

“Los familiares lo llaman al delegado y él les pregunta de qué caso es y luego da el precio”, señala el denunciante.

También identifican al sargento Ivar Quispe que es quien destina a los internos a las secciones cuando llegan al penal. Él hace la afiliación de los nuevos internos en la gobernación.

La extorsión que realiza el delegado Limachi es dividida con los policías: desde el coronel hasta el último policía se benefician, según las denuncias. Por ejemplo, de los 3.500 bolivianos que se cobran, 2.500 va para la gobernación y para los policías de las puertas, los restantes 1.000 quedan para el delegado.

La activista denunció que una red extorsiva, liderada por feminicidas y violadores, controla ese penal paceño. Apuntó al ahora exdirector de la cárcel, señaló que el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, “no tiene pisada”, “no tiene control” sobre ese recinto.

Presentó una grabación de una llamada telefónica con un privado de libertad, quien sostiene que Richard Choque Flores, conocido como feminicida serial, era parte de la cúpula de poder que administra ese recinto penitenciario, lo que le permitió hacer contactos y acumular dinero para lograr su libertad en 2019.

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