La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Toribia Lero, recordó que en un principio el Movimiento al Socialismo (MAS) se encargó de negar la existencia del coronavirus (Covid-19), por lo que ahora, su misma gente se moviliza en contra de la vacunación porque en las comunidades se quedaron con la idea de que el virus no existe.

“Lo que ellos han encargado primero es negar que había el coronavirus, a ustedes les consta cómo su principal vocera, que era Lidia Patty, se negaba a aceptar de que había el Covid-19 en el país, se reían de la noticia. Hasta señalan sus mismo dirigentes del MAS de que era Andrónico (Rodríguez) que iba a decirles que no hay Covid-19, que eso era un falso argumento de la derecha”, manifestó Lero.

El que era alcalde del municipio cochabambino de Entre Ríos, Aurelio Rojas, falleció en junio de 2020 afectado por el Covid-19, fue una de las autoridades que no creía en el virus, en ese tiempo dijo que era un "invento de la derecha y del imperio". 

La legisladora acotó que “toda esa información llegó a las comunidades y ahora no creen en las vacunas y en el Covid-19”. Lamentó que en esa época gente del MAS haya desinformado sobre las consecuencias letales de esta enfermedad de alcance planetario, solo por factores políticos.

Ahora, diferentes sectores sociales se movilizaron, incluidos los afines al MAS, en contra de los decretos supremos 4640 y 4641 que obligan al ciudadano a presentar el carnet de vacunación o la prueba PCR negativa en las instituciones públicas y privadas. Algunas organizaciones de la ciudad de El Alto advirtieron con marchas y bloqueos si el gobierno no anula ambas normas que entrarán en vigencia nuevamente el 26 de enero.

La diputada Lero sostiene que la vacunación es una responsabilidad con la salud de cada personas y con el colectivo de la población, aunque en su criterio eso no significa que se deba obligar a una persona a realizar una acción que no quiera.

“Tratándose de una pandemia mundial, el Gobierno debería haber previsto desde la Ley de Emergencia Sanitaria. En la Constitución Política dice que no es obligatoria la vacuna, en la Ley de Emergencia Sanitaria se ratifica, pero ellos podrían haber trabajado previsiones u otro tipo de medidas frente a esto”, manifestó.

Consideró que está en manos del Gobierno poner un freno a las movilizaciones y a sentarse de manera urgente con los sectores movilizados para evitar las movilizaciones. “Es su propia gente que está poniendo la zancadilla, rechazando las vacunas”, subrayó.

Esta jornada, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto dio al Gobierno un plazo de 72 horas para abrogar ambas normas cuestionadas; asimismo, el Comité Cívico de ese municipio  advirtió con marchas y bloqueos de caminos si las autoridades se empecinan en no escucharlos.

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