Federaciones campesinas de La Paz exigieron este viernes la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 que exigen el cumplimiento de medidas de bioseguridad y la presentación del carnet de vacunación para acudir a entidades públicas y lugares de aglomeración, y también demandaron la destitución del ministro de Salud, Jeyson Auza.

“Como acuerdo interinstitucional del departamento de La Paz exigimos la destitución inmediata del ministro de Salud, Jeyson Auza, por no haber consensuado con las organizaciones sociales de Bolivia en el tema de vacunación” del Covid-19, se lee en uno de los puntos de la resolución.

Para los representantes de las federaciones se trata de decisiones arbitrarias y sin tomar en consideración a las normas y las personas, y solo buscan confrontación entre bolivianos.

Desde el 1 de enero quienes deseen ingresar a instituciones públicas y privadas y lugares de esparcimiento y de aglomeración deberán portar el carnet de vacunación o una prueba PCR negativa con vigencia de 48 horas.

En otro punto de la resolución, las organizaciones campesinas exigen la abrogación de los decretos supremos 4640 y 4641 calificados de “inconstitucionales por haberse dictado sin consulta previa ni solicitud del pueblo boliviano”.

“Respetamos la vida, respetamos la salud, respetamos el uso del barbijo y el alcohol, pero no pueden imponer a las provincias, a nuestros hermanas y hermanos las vacunas”, señaló uno de los representantes.

Este viernes el Consejo Nacional Cristiano de las Iglesias Evangélicas de Bolivia anunció que no acatará ninguna ley ni decreto supremo sobre el Covid-19, que obligue a las personas a presentar carnet de vacunación o prueba PCR en entidades públicas y privadas a partir de este 1 de enero.

“Las iglesias evangélicas han determinado no acatar ninguna ley ni decreto que bajo amenaza de perder la libertad y donde a partir del 1 de enero de 2022 se prohíbe el ingreso a lugares públicos y privados si no se porta el carnet de vacunación”, declaró el presidente del consejo, Luis Aruquipa.

Acotó que estas disposiciones del gobierno atentan contra la libertad y los derechos de las personas, por lo que no serán acatadas por los miembros de esta organización. “No obedeceremos decretos y leyes que atentan y amenazan a las libertades y derechos”.

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