El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó este miércoles que la comisión de fiscales a cargo de los denominados casos respiradores españoles y chinos ya emitió el requerimiento conclusivo de acusación, que será puesto a conocimiento de la autoridad jurisdiccional una vez que retornen de la vacación judicial. Uno de los abogados del caso respiradores españoles denuncia retardación de justicia.
“Los fiscales que están haciendo el seguimiento de estos casos ya emitieron el requerimiento conclusivo de acusación y estamos a la espera de la reapertura de los juzgados para que se ponga en conocimiento de la autoridad jurisdiccional', sostuvo Lanchipa.
El fiscal general explicó que la investigación se sigue a través de la fiscalía departamental de La Paz, que realizó una serie de pericias científicas y técnicas en torno a los 170 respiradores españoles adquiridos por el Estado boliviano, en el gobierno de Transición en 2020.
La investigación identificó que los respiradores “Respira Device” tienen muchas limitaciones técnicas y no pueden ser utilizados en Cuidados Intensivos.
En el caso de los respiradores chinos -324 en total- se realizó una investigación minuciosa de toda la documentación como de los equipos, personas que estuvieron involucradas en el proceso de compra, entre otros.
La víspera, Cristian Alanes, abogado del exdirector de la Aisem (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico), Giovanni Pacheco, en el caso respiradores españoles, dijo que pese a haberse superado de forma amplia la etapa preparatoria, la fiscalía hasta la fecha no presentó la acusación formal.
“Los plazos han corrido y han pasado de forma súper abundante la etapa preparatoria, sabemos que se han ido incluyendo algunos otros sujetos procesales como investigados, sin embargo, creo que ya nos encontramos con un plazo de la etapa preparatoria superado”, lamentó el abogado.
La Fiscalía tomó conocimiento del caso en mayo de 2020, en el Gobierno de Transición, cuando identificó sobreprecio en la compra de los 170 respiradores hospitalarios de España, con un daño económico al Estado de unos tres millones de dólares.
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