La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales medios impresos, y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) condenaron y denunciaron de manera enérgica este sábado la aparición y actuación de grupos irregulares y violentos como el de Guarayos, que el pasado jueves secuestró, por siete horas, agredió, torturó y amedrentó, con disparos de armas de fuego, a un grupo de periodistas, ciudadanos y policías en el predio Las Londras.

“Ese hecho inadmisible ante el país, ante la ley la democracia, pero sobre todo intolerable ante una sociedad que demanda vivir en paz y armonía, no puede quedar en la impunidad tal y como ha ocurrido con otros episodios de violencia, cuyos responsables no han sido identificados, detenidos y llevados ante la justicia. Advertimos y denunciamos que la sistemática retórica hostil hacia los medios de comunicación, emitida desde organizaciones políticas y sociales afines al gobierno, y secundadas por algunas autoridades del Órgano Ejecutivo, constituyen una implícita invitación a perpetrar actos de intimidación e intolerancia a la labor del periodismo como ya ha sucedido incontables veces en la última década”, denunciaron ambas organizaciones.

La ANP y la ANPB advirtieron que “los mensajes de rechazo al trabajo de periodistas y medios se convierten en acciones violentas, secuestro, tortura, persecución y hostigamiento a un sector que, por décadas, dedicó su labor a defender y construir una democracia sin exclusiones, sin intereses sectoriales o partidarios, y con la voluntad de edificar un país con justicia y libertades”.

“En esa misma lógica se inscriben los grupos políticos, también irregulares, de activistas progubernamentales que, con financiamiento de origen desconocido, actúan abiertamente atacando y desacreditando a periodistas y medios de comunicación, y promoviendo el odio entre bolivianos desde el anonimato de miles de cuentas falsas en las redes sociales”, agregaron.

Por otro lado, advirtieron que “llama profundamente la atención que los hechos de Guarayos se hayan producido tan solo unas horas después de un pronunciamiento emitido por los dirigentes del denominado Pacto de Unidad, conformado por organizaciones abiertamente afines al partido gobernante, en el que anuncian una nueva ley de comunicación y, entre otros desafortunados adjetivos, acusan a los medios de haber apoyado un presunto golpe de Estado”.

“Nada más ofensivo y falso cuando históricamente los medios de comunicación y los periodistas hemos sido protagonistas para la recuperación de la democracia en Bolivia”, rechazaron.

“Tampoco pasa inadvertida la inmediata aparición del vocero presidencial Jorge Richter que fue explícito en señalar su interés de instalar un debate sobre ‘límites y conductas’ en las relaciones comunicacionales, lo cual implicaría un deseo de revisar las libertades de prensa y de opinión de todos los ciudadanos expresadas en la Constitución”, observaron ambas organizaciones periodísticas.

Para la ANP y la ANPB “la misma lógica gubernamental contra los medios de comunicación ha sido reiteradamente expuesta en anteriores ocasiones por el Canciller, el Ministro de Justicia y el Procurador General que intentan asignar funciones políticas de oposición al periodismo, cuando no nos corresponde”.

“Hechos como los arriba denunciados conforman una clara estrategia política orientada a deteriorar la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, y como efecto de ello, promover la extinción paulatina de los derechos de los ciudadanos con un daño irreparable a la democracia”, denunciaron.

“Por la gravedad de los sucesos que han quedado ampliamente documentados y verificados, en particular en el reciente registrado en la provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, las organizaciones firmantes del presente pronunciamiento emplazan al gobierno a investigar, identificar y llevar ante la justicia a los autores intelectuales y materiales, en los plazos señalados por ley. Del mismo modo, la investigación debe determinar quién o quiénes alientan y/o protegen a estos grupos violentos”, demandaron ambas organizaciones.

En ese marco, observaron que “una actuación lenta en procedimientos e inefectiva ante la formación de grupos irregulares, implicará una actitud contemplativa con el delito, contraria al valor fundamental del trabajo y alentará otras acciones de funestas consecuencias”.

“Elevamos este mensaje a conocimiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) países defensores de la democracia, y redes de defensa de la libre expresión, y pedimos una labor activa de observación de los acontecimientos en Bolivia”, señalaron, finalmente.

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