La alianza Comunidad Ciudadana (CC) demandó abrogar la Ley Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, mientras que desde el Gobierno descartaron que con esa norma se busque afectar a la población.
El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, Carlos Alarcón, anunció la presentación de un proyecto de ley para que se deje sin efecto esa ley y su anexo debido a que, en su criterio, se podría afectar al sector informal.
“Esta estrategia en la mayoría de su contenido tiene que ver con leyes futuras como la que en ha retirado el día de ayer, pero hay un punto que es que es directamente operativo y que no requiere una ley y que precisamente se refiere al sector informal de la economía”, afirmó.
Según el legistador opositor, el sector informal del país es el que “mayor riesgo” corre al ser controlado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Banco Central de Bolivia (BCB), el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), entre otros.
Consultada al respecto, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que la Ley 1386 forma parte de una política del Gobierno en la estrategia en contra de los delitos de la legitimación de ganancias ilícitas.
“La ley de estrategia de legitimación viene a ser parte de una política que nosotros venimos desarrollando desde 2006, no es nada nuevo y esto no tiene porque alarmar a sectores populares, trabajadores que con honestidad llevan el pan cada día a sus casas”, aseguró.
Para Alarcón, la ley vigente “ya tiene una aplicación operativa, directa” mediante una comisión del Ejecutivo que busca afectar a los gremiales.
La ministra de la Presidencia afirmó que los intentos de presunta “desestabilización no van a cesar” de parte de “pequeños grupos” con la norma retirada del Legislativo y ahora con la Ley 1386.
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