El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) observó en su informe que pese a haberse identificado a seis funcionarios del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de Evo Morales como responsables en las agresiones físicas a Julio Llanos, presidente de la Plataforma de víctimas de las dictaduras, que derivaron en su muerte, la Fiscalía no pudo establecer la relación entre la marcha de organizaciones y el incidente. Recomendó individualizar a los responsables, incluyendo a los autores materiales.

“Dicha marcha fue convocada por la Jefatura del Ministerio de Presidencia en apoyo al gobierno del expresidente Morales, y seis funcionarios de esta dependencia han sido identificados como responsables en calidad de autores o cómplices del delito de homicidio, presuntamente por su rol en la convocatoria y su participación en dicha marcha”, se lee en parte del informe.

Al GIEI le preocupa que la Fiscalía haya seguido esta línea de investigación sin establecer de manera clara y fundada la relación causal entre esa marcha y el incidente en que perdió la vida Julio Llanos.

El grupo de expertos observó en su investigación que la Fiscalía le ha dado mayor énfasis a esclarecer el rol de funcionarios públicos en la organización de una marcha realizada el 29 de octubre, en lugar de enfocarse en individualizar a los autores materiales.

De hecho, surge de la prueba que varias organizaciones convocaron marchas ese día en el centro de La Paz a favor de Evo Morales, “y no ha sido comprobado que aquellas personas responsables de la golpiza sufrida por Julio Llanos hayan estado participando en una marcha convocada por el Ministerio de Presidencia o que exista algún vínculo entre los autores materiales y los funcionarios de dicho Ministerio”.

El GIEI recomendó a la Fiscalía cuatro acciones en este caso; la primera, continuar con la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte de Llanos e individualizar a los responsables, incluyendo a los autores materiales.

Segundo, realizar diligencias en terreno a fin de localizar y entrevistar a testigos y vecinos del lugar que hayan presenciado los hechos. En tercer lugar, garantizar que en cualquier imputación que se lleve a cabo se examinen el alcance y la dimensión de los aportes de los imputados y se realice una individualización apropiada de la responsabilidad que le corresponde a cada persona imputada. 

“En particular, en la atribución de responsabilidad por el delito de homicidio, realizar un análisis pormenorizado de las pruebas para determinar que se comprueben los elementos respectivos de las formas de responsabilidad que se imputen”, señala.

Además, en cuarto lugar, sugirió garantizar la participación efectiva de los familiares de Julio Llanos para que puedan hacerse parte del proceso, acompañar las investigaciones, realizar sugerencias sobre diligencias que deben ser practicadas, obtener toda la información pertinente, ser debidamente representados y poder hacer valer sus derechos.

Según indica el informe, Llanos sufrió una golpiza por manifestantes el 29 de octubre de 2019 en inmediaciones del Ministerio de Justicia y falleció casi un mes después. Las causas de su muerte fueron una lesión de centros encefálicos superiores y traumatismo craneoencefálico cerrado. 

En algunas fotografías e imágenes de aquélla fecha se ve a personas vestidas con indumentaria de Norte Potosí que agreden a Llanos y lo derriban al piso.

Por este hecho, el 26 de noviembre de ese año, la Fiscalía de La Paz inició una investigación por los delitos de lesiones graves y leves, la que luego amplió al delito de homicidio. 

Entre las pruebas obtenidas constan el protocolo de autopsia del IDIF, el historial clínico de la víctima, registros de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona del hecho, y el muestrario fotográfico del lugar. Además, se han entrevistado varios testigos presenciales del hecho.

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