El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) concluyó este viernes su misión  en Bolivia a la espera que se haga justicia por las víctimas de 2019, se cumplan las recomendaciones y se supere el racismo.

Los expertos estuvieron en diferentes partes del país, desde el 17 de agosto hasta este viernes, para dar a conocer el informe final del trabajo de investigación sobre los hechos ocurridos entre septiembre a diciembre de 2019.

En un acto desarrollado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Patricia Tappatá y Marlon Weichert, a nombre del GIEI, ponderaron el compromiso del Gobierno del presidente Luis Arce para implementar las cerca de 30 recomendaciones que hicieron producto de la investigación.    

Tappatá hizo mención al racismo y lo consideró como un problema que atraviesa “la totalidad de la realidad boliviana”, en ese marco, recordó que se sugirió la implementación de una cumbre para abordar ese tema además del derecho a la protesta, libertad de expresión y la convivencia de visiones plurales.

“Ojalá sea también un tema para generar progresos y ponerse de acuerdo en cuáles son las maneras pacíficas y los límites de protestas como una forma legítima de obtener la solución a reclamos y a la vez como hacemos que no haya consecuencias letales ni pérdidas de vida”, dijo.

En el documento presentado por el GIEI se demostró que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos”. Con relación a los hechos de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida cerca de 20 personas, fue calificada como “masacres”.

En el acto estuvieron presentes el ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, y el canciller Rogelio Mayta. Este último dijo que el Gobierno tiene el reto de reconocer los errores que se cometieron y poder enfrentarlos en medio de las diferencias que se tengan.

El experto de la GIEI, Marlon Weichert, dijo que no solo queda en manos de la administración de Arce implementar las recomendaciones sino también de la sociedad para poder superar la crisis que se desató en 2019 y se trabaje en la “reparación y proceso de Justicia” con relación a las víctimas.

Lima, por su lado, aseguró que el Gobierno demostrará en los hechos el compromiso para cumplir las recomendaciones.

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