El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó en su informe que existe una excesiva injerencia del Órgano Ejecutivo en la administración de justicia y pidió el cambio de autoridades en los procesos judiciales.

“El GIEI identificó una excesiva injerencia del Poder Ejecutivo en la actividad judicial y una susceptibilidad de los funcionarios de la justicia a cambios de gobierno”, señaló en rueda de prensa el especialista y miembro del grupo, Marlon Alberto Weichert.

El GIEI advirtió que, si bien los casos referidos en el informe acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, “las falencias identificadas son un problema estructural”.

Weichert señaló que, en la gran mayoría de los casos investigados por el GIEI, las magistradas y los magistrados no realizan una revisión cuidadosa de los requisitos alegados por la fiscalía para aprehender a personas y solicitar su detención preventiva, “lo que resultó en diversos casos de arbitrariedad”.

Desde el punto de vista institucional, agregó, el más grande reto para el Órgano Judicial y la Fiscalía es el ejercicio de sus competencias con autonomía e independencia.

En ese sentido el especialista indicó, según las recomendaciones del informe, que “esas autoridades deben ser cambiadas de las investigaciones y procesamiento penal, y deben ser seleccionadas (otras) mediante convocatorias públicas, en procesos transparentes, de acuerdo a los méritos y de manera independiente de motivaciones político partidarias”.

De otra parte, dijo que cerca del 75% de las magistradas, magistrados y fiscales son nombrados de modo provisional, “lo que debilita sus capacidades de actuar libres de temores y presiones” por lo que el Estado debe cesar esta práctica.

Weichert señaló que otra medida que fue recomendada es la revisión del concepto y de cómo se hace el empleo de los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Dijo que esos delitos se aplican en contextos muy específicos y “su uso abusivo para justificar persecuciones de carácter política fue detectada por el GIEI”.

También dijo que un desafío urgente es reducir el uso de la prisión preventiva que debe ser de uso “absolutamente excepcional y rigurosamente fundamentada”, de acuerdo a los requisitos fijados en el reglamento legal boliviano y los parámetros de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

“No se trata de un problema legislativo, sino de la aplicación de la ley por la fiscalía y por el Órgano Judicial”, apuntó.

El GIEI concluyó, luego de su investigación de los actos de violencia ocurridos entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019, que lo ocurrido durante la crisis política “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidos cuando Evo Morales y Jeanine Áñez estaban al mando del país. Los hechos dejaron al menos 37 muertos.

Estableció que se cometió masacre en Sacaba en el departamento de Cochabamba y Senkata en la ciudad de El Alto. El informe "no contempla si hubo golpe o fraude electoral".

El GIEI Bolivia fue integrado por cinco personas expertas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos: Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá.

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