La Defensora del Pueblo presentó un proyecto de ley para garantizar una protección integral a niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad por la muerte de su padre o madre o de ambos, producto del coronavirus (Covid-19), que consiste en la entrega de un subsidio alimenticio a menores de dos años, becas escolares y universitarias, acceso a empleo, acceso a vivienda social, estabilidad laboral para quienes tengan la guarda o tutela legal de esta población y garantizar una asistencia familiar.

La propuesta legal, presentada este lunes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (APL), por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se basa en la preocupación que existe frente a los efectos inmediatos que deja la pandemia, que además del número de contagios y muertes por el virus, está el aumento de la violencia en los hogares, la desventajosa situación económica, la falta de empleo, el cierre de escuelas, la falta de acceso universal a servicios básicos y otros que repercute en la niñez y adolescencia.

Cruz manifestó que el Gobierno debe aplicar medidas reforzadas para garantizar y asegurar el bienestar y el cuidado de esta población, más aún cuando se encuentran en un estado de desprotección y mayor vulnerabilidad por la pérdida de sus padres o madres o de los dos progenitores por causa del virus.

El proyecto de ley elaborado incluye, entre varias medidas, la creación del “subsidio de asistencia al desarrollo nutricional” que consiste en la entrega de un paquete de productos alimenticios en especie, cada uno equivalente a Bs 300 a niñas y niños hasta los dos años de edad; otorgar becas, apoyo y seguimiento pedagógico para garantizar la permanencia escolar, y que el Ministerio de la Presidencia dote equipos tecnológicos y material educativo. También se propone que las universidades públicas otorguen becas anuales de ingreso, apoyo académico, permanencia, trabajo y otras medidas vigentes hasta los 25 años de edad.

Igualmente, que las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, escuelas superiores tecnológicas, institutos técnicos y tecnológicos (fiscales, de convenio y privados), universidades indígenas y privadas, puedan brindar, anualmente, hasta el 10% de las becas destinadas al ingreso, apoyo académico y permanencia, también hasta los 25 años de edad.

Se plantea que el Ministerio de Trabajo implemente planes y programas para la inserción laboral prioritaria para hijas e hijos jóvenes, hasta los 25 años de edad, cuyos padres o madres hayan fallecido por el coronavirus; asimismo, este beneficio alcanza a quienes estén, legalmente, a cargo del cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad hasta que éstos cumplan los 18 años.

También se propone garantizar la inamovilidad laboral, en el ámbito público y privado, para una de las personas, responsables legales, del cuidado de las y los huérfanos hasta que éstos adquieran la mayoría de edad, siempre y cuando se cuente con informes de evaluación y seguimiento idóneos sobre la convivencia y protección a esta población y que la o el beneficiario dé cumplimiento a las responsabilidades del cargo público o privado, y la normativa laboral y administrativa aplicable.

Otra de las propuestas es garantizar el acceso a una vivienda social para esta población afectada por la pérdida de sus padres o madres. Para esto se plantea que el Ministerio de Obras Públicas implemente planes y programas de vivienda social digna y adecuada para este sector hasta que cumplan 25 años, con un enfoque infantocéntrico que garantice que la titularidad de las viviendas se consolide en su favor. 

En los casos de huérfanos mayores de 20, 22 años que ahora asumen roles de padres y madres, con grandes deudas en los hospitales tras el fallecimiento de sus progenitores deben ser incluidos en el alcance de este proyecto de ley, para que el Estado les otorgue becas de estudio en universidades e instituciones de educación superior, así como la promoción de empleo digno y viviendas sociales.

La Defensoría del Pueblo establece que para implementar la propuesta se debe conocer las cifras de  niñas, niños, adolescentes y jóvenes que quedaron huérfanos. Actualmente, no existe un registro oficial y se propone que el Ministerio de Justicia se haga cargo de la recoplilaicón de esa información.

La institución estima que podrían existir 1.659 niñas, niños y adolescentes que quedaron en orfandad, a partir de un cálculo sobre la cantidad de decesos acumulados de mujeres entre 15 a 49 años por Covid-19, aplicando la tasa global de fecundidad en Bolivia que es de 2,9 nacimientos por cada mujer (de acuerdo a datos la EDSA 2016), empero, sólo es una cifra referencial.

En el proyecto de ley, si bien no está incorporado un bono económico (mensual, bimensual, anual o único) como lo hizo Perú, y lo analizan en Brasil, Argentina y Paraguay, la Defensoría del Pueblo considera que sí es necesario contar con uno, pero que debe ser analizado en términos de monto, beneficiarios y sostenibilidad por el Órgano Ejecutivo, considerando el interés superior del niño y la situación económica del país.

La propuesta no solo tiene un alcance para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad, también plantea la protección integral reforzada para toda la población de niñez y adolescencia en el país que enfrenta afectaciones por la pandemia.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.